Prioridad en el discurso gubernamental, el combate a la corrupción no se tradujo en mayores recursos para las instancias responsables de enfrentar al problema que según el Latinobarómetro 2018 es la segunda preocupación social, sólo detrás de la seguridad. La Secretaría de la Función Pública (SFP) ejercerá el presupuesto más bajo –incluso sin impactar la inflación– de los pasados 12 años, con tan sólo 901.8 millones de pesos, 27 por ciento menos que en 2018.

Bajo una nueva propuesta de la SFP de apostar por la ciudadanización en el combate a la corrupción y la compactación de tres a dos subsecretarías, la dependencia ha sido una de las más castigadas en el balance de la asignación presupuestal 2019. Los 901 millones de pesos representan una caída de 291 millones de pesos en sus recursos con respecto de los mil 191.9 millones de pesos ejercidos en este año.

Esto es una reducción porcentual apenas equiparable a la registrada en el presupuesto de la SFP en todo el sexenio de Enrique Peña Nieto, cuando pasó de ejercer mil 630 millones de pesos en el último año de Felipe Calderón a mil 191 millones en 2018, es decir, 439 millones de pesos, alrededor de 25 por ciento menos. Con ello, la SFP ya registra una caída acumulada de 45 por ciento entre 2012 y 2019.

Ni en los tiempos en que Calderón y Peña Nieto pretendían eliminar a la dependencia, la SFP había recibido un presupuesto tan bajo como en 2019. Ello a pesar que en el diseño del Sistema Nacional Anticorrupción se le confirieron mayores atribuciones y un mayor protagonismo en la lucha contra la corrupción.

En suma, sin contar el factor inflacionario, el último año del sexenio de Vicente Fox la dependencia ejerció mil 412 millones de pesos. Tras su infructuosa pretensión de desaparecerla en aras de la austeridad gubernamental, Calderón asignó hacia el final de su sexenio mil 630 millones de pesos en 2012 y con Peña Nieto, la Función Pública había tocado fondo con una partida de mil 191 millones de pesos en 2018.

Paradójicamente, desde que se concreto el inicio del Sistema Nacional Anticorrupción, que confirió a la SFP mayores facultades en el combate al fenómeno, el presupuesto de la dependencia ha caído anualmente: entre 2016 y 2017 –año en que inició actividades de forma parcial el SNA– se le redujeron 69 millones de pesos; entre 2017 y 2018, la caída fue de 38 millones de pesos y ahora, para 2019, de 291 millones de pesos.

No sólo la SFP reducirá su presupuesto, pues bajo diversos esquemas de austeridad de los propios organismos, tanto el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales como el Tribunal Superior de Justicia Administrativa se prevé, de entrada, que ejercerán partidas más reducidas, aunque podrían incrementarse si la Cámara de Diputados determina mayores ajustes.

Sin embargo, no sólo la dependencia federal verá mermado sus recursos, a excepción de un incremento marginal a la Auditoría Superior de la Federación de 74 millones de pesos –que no resarce ni el incremento inflacionario en su presupuesto– prácticamente todas las instancias involucradas en el Sistema Nacional Anticorrupción serán afectadas en sus presupuestos.

En el caso del Inai, si para 2018 le fue asignado un presupuesto de mil 98 millones de pesos a 937 millones que el propio organismo propone ejercer para 2019, es decir, pretenden reducirlo 161 millones de pesos.

A su vez, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa –instancia que cuando se constituya la sala especializada y el Senado designe a los magistrados, deberá resolver los casos graves de corrupción– planteó un presupuesto para 2019 de 2 mil 973 millones de pesos. Es decir, en su esquema de austeridad proponen reducirse 56 millones con respecto a los 3 mil 29 millones de pesos ejercidos en este año.