A más de una semana de haber concluido la pasada administración, ingresó a comisiones del Congreso local una iniciativa del ex jefe de Gobierno, José Ramón Amieva, que plantea incluir en el Código Penal la falsificación, alteración y uso indebido de documentos.

Con fecha del 29 de noviembre, la Junta de Coordinación Política del Congreso tomó nota el 30 y el pasado jueves el presidente de la mesa directiva, Jesús Martín del Campo, envió a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia.

En la exposición de motivos la propuesta alude a los documentos que se expiden y quedan bajo resguardo del Registro Civil, los que a partir de la transformación de sus políticas operativas, apoyadas en la innovación tecnológica y la modernización administrativa, deben ser recogidos de forma fidedigna y custodiados en archivos oficiales.

Se pretende cambiar el artículo 339 del Código Penal con un tercer párrafo que dice: Al que haciendo uso de los medios electrónicos, plataformas, formatos, dirección URL (de Internet), ligas, hipervínculos utilizados para proporcionar servicios y trámites por el gobierno de Ciudad de México o haciendo uso de imprentas o cualquier otro mecanismo de reproducción, altere, falsifique o use para obtener un beneficio indebido

La pena que Amieva propuso es de cuatro a seis años de cárcel, 10 días de multa y aseguramiento de documentos y medios de impresión.