El gobierno capitalino emitió la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública por medio de la cual se crean nuevas dependencias, otras se transforman en secretarías unas más se fusionan o desaparecen.

Entre estas últimas está la Oficialía Mayor, que transfiere sus atribuciones generales a la Secretaría de Administración y Finanzas, por lo que recursos, materiales, capital humano y patrimonio inmobiliario será administrado de manera unitaria.

También desaparece la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, creada durante la administración de Marcelo Ebrard, y surge la de Pueblos Indígenas, que tendrá entre sus atribuciones formular y ejecutar programas, proyectos y acciones para el desarrollo integral de los pueblos y barrios originarios, así como de las comunidades nativas residentes, mientras que las acciones que atañen al desarrollo rural se transfirieron a la Secretaría de Medio Ambiente.

El Instituto de las Mujeres se convierte en secretaría, para dotar de mayor jerarquía, centralidad, coordinación, articulación de las políticas y programas en materia de género, mientras que la Secretaría de Desarrollo Social se transforma en la de Inclusión y Bienestar Social.

Esta dependencia integrará una política social enfocada a fomentar, ejecutar y coordinar políticas para el desarrollo, bienestar asistencial, inclusión y promoción sociales con la participación ciudadana.

Al mismo tiempo se fusionan en una sola las secretarías de Educación y la de Ciencia, Tecnología e Innovación, ambas creadas también en la gestión de Ebrard, en el Instituto de Ciencia, que es descentralizado y que ejecutará y verificará las acciones y programas en materia científica, tecnológica e innovación.

La secretaría de Protección Civil cambia a la de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil, que deberá diseñar y ejecutar la preparación y respuesta para reducir el riesgo de desastres, así como atender emergencias. La Contraloría General se convierte en secretaría y la de Seguridad Pública se transforma en la de Seguridad Ciudadana.

La jefatura de Gobierno tendrá 180 días para expedir el reglamento interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública.