El edificio de Arcos de Belén 69, de donde fueron desalojadas 45 familias por una resolución judicial promovida por un particular, es propiedad del gobierno capitalino, por lo que el Instituto de Vivienda (Invi) promoverá los recursos legales para su restitución.

Después de varias reuniones sostenidas el jueves y ayer se permitió que finalmente fuera abierta a la circulación esa avenida después de 56 horas.

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que desde la Consejería Jurídica y Servicios Legales se revisa cuál es origen del procedimiento de desalojo. En su conferencia de prensa matutina, detalló que se ejecutó por orden de un juez, que no participaron policías y quien lo hizo contrató seguridad privada.

Indicó que tienen conocimiento de que se desincorporó dicho inmueble, por lo que se revisa en el área de Patrimonio Inmobiliario de la Consejería qué ocurrió.

Agregó que las familias desalojadas tenían cerca 20 años de habitar el inmueble, por lo que se les da el apoyo para que puedan tener un lugar donde vivir y el ofrecimiento de que se revisará este caso.

Los afectados aseguraron que las 45 familias tenían ya 35 años de vivir ahí, en tanto que César Zurita, líder vecinal perteneciente a la Asamblea de Barrios, sostuvo que comenzaron un procedimiento para que el gobierno capitalino expropiara el predio a su favor por riesgo estructural después los sismos de 2017.

Otras fuentes mencionaron que autoridades apoyarán a las familias desalojadas con el pago de hospedaje, ya que su situación les impide hacer ese gasto.

El Invi promoverá los recursos jurídicos necesarios para que se reintegre dicho predio y de ahí se entregue a los afectados; además, los moradores presentarán denuncias penales por el desalojo, robo de sus bienes –durante el acto– y falsedad de declaraciones contra quien resulte responsable, pues los representantes legales de los supuestos dueños, una familia de apellido Bracamontes, alega que son propietarios con la presentación de documentos falsos.