Amnistía Internacional y Jan Jarab, de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, pidieron a la Cámara de Diputados que reflexione sobre la reforma al artículo 19 constitucional que se aprobó en el Senado la semana pesada, con el fin de aplicar la prisión preventiva oficiosa a los delitos de corrupción, robo de hidrocarburos, uso de programas sociales con fines electorales, feminicidios, robo a casa habitación y desaparición forzada, porque sería inadmisible que personas inocentes vayan a la cárcel.

Tania Reneaud, de Amnistía Internacional, al participar en el conversatorio Derechos Humanos en el Senado, resaltó que la prisión preventiva oficiosa en un país de 50 millones de personas en pobreza es preocupante, pues de esa manera se clasifica a la gente que no tiene poder económico, es decir, quienes están en las cárceles son pobres.

Jan Jarab, al participar en el Senado, primero en la inauguración de la exposición por el 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y luego en el conversatorio, se sumó a la petición para que la Cámara de Diputados reflexione sobre ampliar el catálogo de delitos que se sancionan con prisión preventiva oficiosa.

Nos parece lamentable que se haya aprobado la prisión preventiva oficiosa, ya que es violatoria de los derechos humanos, de manera unánime lo dicen las instancias internacionales, no lo digo yo; la prisión no puede ser automática por el delito que se impute al procesado, viola la independencia del juez, la presunción de inocencia y va a resultar en sobrepoblación de las cárceles.

Desde hace años, explicó, está la lista de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa, y hemos visto que la tasa de homicidios se triplicó, no tiene la función de inhibir, y llamó a reflexionar desde la perspectiva de los derechos humanos.