El Senado presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el recurso de reclamación en contra de la suspensión de la Ley Federal de Remuneraciones de Servidores Públicos dictada el 7 de este mes por el Ministro Alberto Pérez Dayán, en la acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y algunos legisladores.

Asimismo, solicitó a la Corte que, de manera previa al periodo vacacional del Poder Judicial, que será del 15 de diciembre al 2 de enero, resuelva la impugnación o bien, considerando el interés nacional, habilite días y horas hábiles para que el pleno de la SCJN resuelva con urgencia el presente recurso a fin de no interferir en el proceso de elaboración del Presupuesto de Egresos 2019.

Ello, subraya el Senado en el recurso de reclamación presentado, porque de no revocarse por el máximo tribunal la paralización de la ley de remuneraciones se detendrá la asignación de recursos a programas sociales, afectando gravemente a grupos vulnerables y al interés general. Por ello, se solicitó que se revoque la suspensión concedida.

En la impugnación presentada, el Senado subraya que la suspensión no procede en las acciones de inconstitucionalidad, y destaca que la ley de remuneraciones es una norma general, y tiene validez hasta en tanto no exista pronunciamiento final por parte de la Corte que, en su caso, declare la invalidez.

Se precisa que el artículo 64 de la ley reglamentaria contiene la prohibición expresa de otorgar la suspensión de una norma general en las acciones de inconstitucionalidad.

Se destaca en el texto que se presentó el recursos de reclamación ante la evidente violación a los principios de legalidad e imparcialidad por parte del ministro instructor.

El Senado acusa al ministro Alberto Pérez Dayán de parcialidad al tener un interés personal en el asunto, proveniente del impacto salarial que resentirá con la vigencia de la ley, pero además sostiene que la Corte invadió la competencia de la Cámara de Diputados, causando un grave agravio a los derechos humanos, al orden público, al interés social y a la propia división de poderes, ya que ésta debe elaborar el presupuesto 2019 de manera autónoma.

En el recurso se argumenta que hay un perjuicio al interés social, al orden público y a la economía nacional.