La corrupción de autoridades federales para proteger a empresas con actividades supuestamente monopólicas en el mercado de gas licuado de petróleo impide que los consumidores sean beneficiados de las bondades de la reforma energética.

La empresa mexicana Hidrocarburos del Noroeste ingresó al mercado de la distribución de gas LP debido a los cambios legislativos derivados de la reforma energética, que autorizaron la compra al exterior del combustible que se consume en casi 80 por ciento de hogares mexicanos. La ventaja de importar el producto es la posibilidad de venderlo a precios por debajo del mercado.

Hidrocarburos del Noroeste decidió invertir más de 70 millones de pesos en la construcción de una planta de almacenamiento y distribución de gas LP para cubrir la demanda de los municipios de Tecate y Tijuana, en Baja California. La última ciudad es considerada como el tercer mayor mercado para ese combustible. Los precios que ofrecería al consumidor se calcularon en casi 180 pesos menos que el costo promedio de la competencia.

Recursos

La planta debía operar a partir de 2016, pero funcionarios de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) comenzaron a interponer recursos legales que demoraron el inicio de su operación. Aunque todos los permisos estuvieron en regla, los funcionarios comenzaron a obstaculizar a Hidrocarburos del Noroeste para impedir que pusiera en marcha la planta. En un par de ocasiones, los funcionarios reportaron supuestas violaciones al uso del suelo y realizaron verificaciones sin la presencia de personal capacitado de la empresa.

Mantener la planta cerrada sólo beneficia a las dos empresas que se han adueñado del mercado de la frontera norte de Baja California, y eso impide que el consumidor obtenga nuevos y mejores servicios, dijo ayer Marco Antonio Armenta, director de la empresa Rivera Gas, en conferencia de prensa.

Los obstáculos significaron una actuación dolosa de los funcionarios de la ASEA en favor de Hylsa y Zetagas, las dos empresas que tienen 70 por ciento del mercado de gas LP en esos dos municipios norteños, pero cuyos propietarios son hermanos. Otro impedimento para el funcionamiento de la planta fue la creación de una asociación de vecinos, cuya dirigencia incurrió en el delito de coerción en contra de los directivos de Hidrocarburos del Noroeste.