Los cuatro candidatos a presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reconocen en sus proyectos que tras el proceso electoral de julio pasado la sociedad exige mayor austeridad al Poder Judicial de la Federación (PJF). Sin embargo, ninguno propone disminuir de manera inmediata las percepciones de los altos funcionarios, y la mayor parte de sus intenciones estarán encaminadas a reducir proyectos de inversión, incrementar las medidas de austeridad en cuanto a la adquisición de vehículos y servicios, así como a detectar duplicidad de funciones.

Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alberto Pérez Dayán y Arturo Zaldívar presentaron sus propuestas de trabajo que pondrán en marcha, en caso de ser elegidos presidente de la Corte, para el periodo 2019-2022.

En sus proyectos se menciona la necesidad de transformar la percepción que se tiene socialmente de una institución en la que existe desmesura y privilegios, como señala Gutiérrez Ortiz Mena, o bien una estructura a la que la sociedad exige austeridad, según Pardo Rebolledo.

En ese sentido, Zaldívar señala que la percepción pública que existe es falta de correspondencia entre el costo de nuestro sistema de justicia y los resultados sobre su efectividad. Se acusa al PJF de un uso excesivo de recursos, de una acumulación de privilegios que no es congruente con la realidad que vive la población en general, y de que el sistema judicial parece estar al servicio de quienes lo conforman y no de la sociedad en su conjunto.

Pérez Dayán sostiene que para el eficiente funcionamiento de las instituciones y el cumplimiento de los mandatos constitucionales conferidos al PJF es necesario revisar y reorganizar la distribución de los recursos públicos, a través de políticas públicas judiciales basadas en cuatro ejes: fortalecimiento y modernización de la labor jurisdiccional; eficiencia administrativa; transparencia y rendición de cuentas; derechos humanos y acceso a la justicia.

Pardo Rebolledo indica que el PJF debe rendir cuentas claras, tener un adecuado manejo financiero y dar buen uso al presupuesto, y propone la disminución de 10 por ciento de recursos que son destinados a la remodelación de instalaciones, adquisición de vehículos y arrendamientos.

Sin mencionar que más de tres mil servidores públicos que laboran en este poder ya han promovido amparos en contra de la reducción salarial establecida en la ley federal de remuneraciones, señala que su proyecto se llevará a cabo sin violentar ningún tipo de derecho, siempre bajo el marco legal que impera en nuestra función. Por ello en su texto Pardo Rebolledo refiere que impulsará políticas para generar ahorros en gastos administrativos.

Gutiérrez Ortiz Mena propone evitar la duplicidad de funciones, mejorar la eficiencia, reducir el personal y generar ahorro en gasto corriente; para ello menciona la creación de un programa de retiro y que se eliminen las plazas que queden vacantes, aunque sostiene que en caso de nuevas contrataciones, éstas se harán con tabuladores raíz, es decir, de modo que sus salarios permitan el ahorro a mediano plazo.

Pérez Dayán no alude en su texto a la posibilidad de despidos, cierre de plazas o contención salarial; menciona que impulsará estrictas medidas de austeridad y racionalidad de los recursos públicos, y a la revisión y puesta en marcha de políticas que reduzcan los gastos por adquisición de bienes y el pago de arrendamientos.

Arturo Zaldívar señala que impulsará una política de contención salarial de los mandos superiores del PJF, lo que permitiría una reducción al menos de 15 por ciento real.

Agrega: Es importante hacer notar el consenso existente en el sentido de que el mantenimiento de salarios adecuados, pensiones de retiro y otros beneficios de seguridad social, cargas de trabajo sostenibles, una infraestructura laboral digna, así como estabilidad en el empleo tanto para los juzgadores como para todo el personal jurisdiccional y administrativo, contribuyen al fortalecimiento de la independencia judicial.

En otros temas, existen coincidencias en cuanto a la puesta en marcha de programas de combate a la corrupción y al nepotismo; nuevos mecanismos para la selección y asignación de plazas para jueces y magistrados; también, establecer estrategias para detectar y sancionar los casos de acoso, así como impulsar la participación femenina en todos los cargos del PJF.