La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se apresta a elegir a su nuevo presidente. Los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alberto Pérez Dayán y Arturo Zaldívar buscan ser el sustituto de Luis María Aguilar Morales, en un contexto en el cual socialmente existe la percepción de que en el Poder Judicial de la Federación (PJF) hay corrupción, derroche y privilegios para sus integrantes.

El 2 de enero, la ministra Margarita Luna Ramos, como decana del máximo tribunal, encabezará la sesión en que habrá de elegirse al sucesor del actual presidente. Cualquiera de los candidatos requiere de seis votos.

Para esa sesión que se realizará el primer día hábil de 2019 no se descarta que el pleno no esté completo, ya que de los 11 integrantes que lo conforman, el ministro José Ramón Cossío Díaz pasó a retiro el 30 de noviembre y la terna para elegir a su sucesor fue enviada en días pasados al Senado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En caso de que en estas semanas el Poder Legislativo no elija al nuevo ministro (que saldrá de la terna formada por Loretta Ortiz, Celia Maya García y Juan Luis González Alcántara Carrancá), la sesión del 2 de enero se realizará con únicamente 10 ministros.

En 2014 se vivió una situación similar y ello ocasionó que el proceso en el que Aguilar Morales fue electo tuviera 32 rondas de votación para alcanzar la mayoría necesaria.

En esta ocasión, los candidatos hacen –en sus proyectos de trabajo– un llamado a la unidad del Poder Judicial, por lo que se espera que en pocas rondas se defina a los finalistas o bien se decida de manera rápida por una de las alternativas.

Corrupción y nepotismo

En las propuestas presentadas por los aspirantes a dirigir la Corte se reconoce que existen muchas críticas al PJF por actos de corrupción y nepotismo, así también por lo que hace a los salarios que perciben y que han sido cuestionados por grupos de legisladores, y parte de ello ha servido para argumentar la necesidad de disminuir los ingresos de los servidores públicos de alto rango.

En ese contexto el Congreso aprobó la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, cuyos efectos fueron suspendidos el viernes por el ministro Pérez Dayán, al aceptar una acción de inconstitucionalidad presentada por un grupo de senadores, lo cual impedirá que se disminuyan los salarios de los altos funcionarios y no se les establezca el tope de 108 mil pesos propuesto por López Obrador, hasta en tanto no se resuelva ese recurso legal que deberá ser votado por el pleno de la Corte.

Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena nació en Cuernavaca, Morelos, el 14 de octubre de 1969. Es licenciado en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y maestro en derecho por la Universidad de Harvard. Fue designado ministro de la Corte en diciembre de 2012, ya en la gestión de Enrique Peña Nieto.

Jorge Mario Pardo Rebolledo tiene una larga carrera en el PJF. Nació el primero de febrero de 1961 en Xalapa, Veracruz. Cursó la licenciatura en derecho, en la Escuela Libre de Derecho, y posee una maestría en derecho de amparo por el Instituto de Ciencias Jurídicas de Estudios Superiores. Además de un máster en derecho civil y familiar por la Universidad Autónoma de Barcelona, España.

Fue designado ministro en febrero de 2011, durante el gobierno de Felipe Calderón.

Alberto Pérez Dayán es originario de Ciudad de México y nació el 13 de diciembre de 1960; es ministro desde el 3 de diciembre de 2012. Cursó la licenciatura en derecho en la Universidad La Salle. Tiene la especialidad en amparo por la Universidad Panamericana y en el Instituto Mexicano del Amparo.

Arturo Zaldívar es ministro de la SCJN desde diciembre de 2009. Nació en Querétaro, Querétaro, el 9 de agosto de 1959. Se graduó de abogado en la Escuela Libre de Derecho. Es doctor en derecho por la UNAM.