Río de Janeiro. El juicio del nuevo pedido de libertad para el ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), encarcelado sin pruebas por corrupción, fue interrumpido y aplazado este martes, indicó el Supremo Tribunal Federal (STF), poco después de que la sesión de revisión a esta solicitud ya había iniciado en el máximo tribunal.

Los magistrados Carmen Lúcia Antunes y Edson Fachin rechazaron los argumentos del nuevo habeas corpus de Lula durante la audiencia. Posteriormente el magistrado Gilmar Mendes solicitó más tiempo para analizar este recurso, lo que suspendió la sesión, explicó el STF en Twitter.

Esta petición de libertad, la séptima desde que el ex presidente fue encarcelado, debe ser analizada por cinco de los 11 jueces que componen la corte. La apelación podrá aceptarse o rechazarse cuando se forme una mayoría de tres magistrados.

Los abogados de Lula señalan en su recurso al juez Sergio Moro, quien encabeza la operación anticorrupción Lavado Rápido, de actuar por motivaciones políticas para encarcelar en primera instancia al líder izquierdista porque aceptó el mes pasado la invitación del presidente electo, el neofascista Jair Bolsonaro, de convertirse en su ministro de Justicia a partir del primero de enero.

Lula, de 73 años, purga desde abril pasado una sentencia de 12 años y un mes de prisión en Curitiba, sur de Brasil, por corrupción pasiva y lavado de dinero, tras ser condenado sin pruebas de recibir supuestamente un departamento en Sao Paulo a cambio de favorecer a la constructora OAS con contratos de la estatal Petroleo Brasileiro. El ex líder metalúrgico es investigado por otros cinco casos ligados a actos de corrupción.

En otro orden, el STF autorizó una investigación federal sobre las acusaciones de que Onyx Lorenzoni, futuro jefe de gabinete de Bolsonaro, recibió donaciones ilegales de JBS (la mayor compañía cárnica del mundo), durante la reciente campaña presidencial.

Según documentos judiciales a los que tuvo acceso la agencia de noticias Reuters, ejecutivos de JBS dijeron que realizaron pagos por 52 mil 290 dólares a Lorenzoni, un veterano congresista federal, entre 2012 y 2014.

Lorenzoni dijo en un comunicado que no está preocupado por el caso y está seguro de que será rechazado por la justicia.

En un testimonio judicial presentado el año pasado, algunos ejecutivos de JBS admitieron los pagos a Lorenzoni.

El testimonio formó parte de un acuerdo con fiscales que llevó a que J&F Investimentos SA, el holding que controla JBS, a pagar una multa récord de más de 10 millones de reales por sobornos a unos mil 800 políticos a todos los niveles.

Moro, uno de los futuros colegas de gabinete de Lorenzoni, quien será ministro de Justicia, aseguró este martes que confía plenamente en Lorenzoni. Según dijo, es un fuerte defensor de las medidas anticorrupción que los fiscales querían que aprobara el Congreso.