Londres. El Parlamento británico asestó este martes un duro revés al gobierno de la primera ministra, Theresa May, al aprobar una moción de desacato por negarse a proporcionar todos los informes legales sobre el acuerdo del Brexit, que los diputados deben votar esta semana.

Los legisladores aprobaron la moción por 311 votos contra 293 por no publicar el informe completo. Esta es la primera vez en la historia moderna del país en que el gobierno es declarado en desacato por el Parlamento.

Casi tres años después del referendo en que 52 por ciento de los británicos votó en favor del Brexit, Reino Unido debe salir de la Unión Europea (UE) el 29 de marzo con o sin un acuerdo negociado que los diputados deben ratificar o rechazar en una histórica votación el 11 de diciembre.

Tras perder la votación, el gobierno accedió a publicar los cientos de páginas de informes, que hasta ahora había limitado a un rápido resumen de poco más de 40 páginas, alegando que se trataba de documentos confidenciales.

El acuerdo sellado por May con sus 27 socios europeos prevé, entre otras cuestiones, un complejo sistema denominado backstop, o red de seguridad, para evitar instaurar una frontera dura entre la provincia británica de Irlanda del Norte y la República de Irlanda.

Muchos diputados temen que este sistema mantenga al país inevitablemente atrapado en Europa y sospechan que eso queda reflejado en los informes legales.

El acuerdo de Brexit choca con el rechazo de la oposición laborista, de los eurófilos del centrista Partido Liberal Demócrata, de los independentistas escoceses, del pequeño partido unionista norirlandés DUP –en el que May se apoyaba para tener mayoría– y decenas de diputados rebeldes del oficialista Partido Conservador.

Embarcada en una campaña intensa para convencer a la opinión pública de que su acuerdo es el único posible, May advirtió que si el Parlamento lo rechaza existe el riesgo de una salida del bloque europeo sin un acuerdo, o incluso de que no haya Brexit.

El Banco de Inglaterra advirtió la semana pasada que un divorcio sin acuerdo desencadenaría una crisis económica de enormes proporciones, con desempleo, inflación, desplome de la libra y del precio de la vivienda.

Los partidarios de permanecer en la UE intensificaron la campaña en favor de un segundo referendo que permita dar marcha atrás: el lunes diputados conservadores pro europeos, laboristas, liberales demócratas y verdes entregaron al gobierno una petición con más de un millón de firmas.

Confortando su postura, el abogado general del Tribunal de Justicia de la UE, el español Manuel Campos, consideró este martes que Reino Unido puede revocar de manera unilateral su decisión de abandonar el bloque antes del 29 de marzo.

Pero aún está por ver qué decide el Parlamento dentro de una semana, cuando sea la votación. Si rechaza el acuerdo, como se prevé, algunos diputados quieren que May vuelva a negociar a Bruselas aprovechando la cumbre europea que se celebrará entre el 13 y 14 de este mes, opción calificada de imposible por ella y por la UE.