Las autoridades mexicanas deben investigar la posible complicidad con el crimen organizado de un mando de la Policía Federal (PF) y un elemento de la Procuraduría General de la República (PGR) en los hechos durante los cuales desaparecieron de manera forzada 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero, demandó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Ayer se dio a conocer el informe del Mecanismo Especial de Seguimiento al Asunto Ayotzinapa de la CIDH, en el cual manifestó su preocupación porque aún no haya cambio en la narrativa oficial en relación con la línea de investigación de que los normalistas habrían sido incinerados en el basurero de Cocula, Guerrero, a pesar de lo que han documentado diferentes instancias internacionales de derechos humanos sobre los hechos ocurridos en Iguala la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.

Observó que persisten varios desafíos para llegar al fondo del caso, entre ellos: una indagatoria fragmentada, incompleta y sin clara directriz investigativa; falta de detenciones y consignaciones por desaparición forzada, y falta de detenciones de actores estatales por acción u omisión.

La CIDH demandó aclarar la cadena de mando, el traslado de personal de la PF a Iguala, la remoción de la plantilla de la estación de esa ciudad el 13 de octubre de 2014, la información que obra en el expediente sobre el seguimiento a las actividades de los estudiantes desde el 25 de septiembre de 2014, y la posible relación de uno de los mandos de la PF en el estado con integrantes del grupo Guerreros Unidos.

Además, el Estado debe continuar con las acciones de investigación que permitan presentar consignaciones más sólidas en relación con la actuación de tres elementos de la Policía Federal y otros de la Policía Ministerial de la procuraduría local.

También está pendiente, resaltó, el avance en las investigaciones acerca de la actuación de un funcionario de la PGR que, de acuerdo con lo declarado por uno de los supuestos líderes de Guerreros Unidos, estaría vinculado con grupos criminales.

Acerca de la investigación de integrantes del 27 batallón del Ejército, el informe dio cuenta del seguimiento que habrían realizado funcionarios militares a las actividades de los estudiantes desde el 25 de septiembre de 2014, lo que amerita una indagación exhaustiva.

En relación con las personas señaladas por su vínculo con grupos criminales, se recomienda contrastar la información que obra en constancias en el expediente, sostuvo el mecanismo especial.

El informe es resultado del trabajo de las visitas que esta instancia realizó al país para dar cumplimiento a las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y se da a conocer en el contexto de su séptima visita oficial a México, que se realizó el pasado 26 de noviembre.

El mecanimnso de la CIDH llamó a las autoridades mexicanas a obtener la cooperación de personas detenidas mediante el ofrecimiento de paquetes de incentivos contenidos en leyes nacionales y en tratados internacionales de derechos humanos para dar con el paradero de los jóvenes.