El gobierno federal aceptará la recomendación 15VG/2018 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acerca del caso Ayotzinapa, aseveró el titular de la Secretaría de Gobernación (SG), Alfonso Navarrete Prida; aclaró que estudia los pormenores de la misma y en las próximas horas la administración del presidente Enrique Peña Nieto emitirá una posición de fondo respecto de la desaparición de 43 estudiantes normalistas ocurrida en septiembre de 2014.

En tanto, admitió que la tortura sigue siendo una práctica para obtener confesiones en el país, pero el principal problema son las desapariciones forzadas de personas (cometidas por servidores públicos).

“Estoy estudiando personalmente el informe y las recomendaciones de la CNDH; debe profundizarse en lo que señalan en todas sus áreas, y esta será una constancia que espero se deje mañana o pasado mañana por parte de este gobierno.

En lo fundamental, analizar lo que el informe señala de la hipótesis más sólida jurídicamente y que aporta el expediente de lo que pudo haber ocurrido en este muy lamentable suceso, dijo en entrevista al término de la inauguración de la sala de cine Jorque Carpizo, en Gobernación, acompañado por la próxima titular de la dependencia, Olga Sánchez Cordero, entre otros integrantes del equipo de transición gubernamental.

–¿Se caería la verdad histórica mencionada durante la gestión del ex procurador general de la República Jesús Murillo Karam? –se preguntó al funcionario.

–Habría que ver la propia recomendación y sobre eso, se me haría un poco prematuro. Ahorita la estoy leyendo y estudiando pero no pasará de mañana o pasado mañana sin que lo podamos decir. De antemano lo señalo: las recomendaciones de la CNDH se deben aceptar, de cumplir y profundizar.

–¿Seguimos siendo un país en el que se utiliza la tortura?

–Creo que sigue existiendo la tortura como método de extracción de confesiones, desafortunadamente. Ahora tenemos problemas más serios, no sólo la tortura, sino las desapariciones forzosas, respondió.

La CNDH emitió ayer una recomendación por el caso Iguala por violaciones graves a los derechos humanos. Criticó la actuación de la Procuraduría General de la República y de las policías ya que conocieron los hechos ocurridos en Iguala y no actuaron de inmediato.