La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reprobó los hechos de violencia suscitados el domingo en el cruce fronterizo San Ysidro-Tijuana, a consecuencia del intento de alrededor medio millar de miembros de las caravanas migrantes por cruzar hacia Estados Unidos sin documentos. Criticó que la Patrulla Fronteriza haya usado balas de goma y gases lacrimógenos contra los desplazados, lo que causó lesiones a varias personas, entre ellas a una adolescente.

Al mismo tiempo subrayó que el que las autoridades mexicanas actúen apegadas a los principios internacionales para proteger a las personas en contexto de movilidad no da a éstas un salvoconducto para infringir las leyes o causar afectaciones a personas y comunidades. Planteó que cualquier persona que cometa una falta administrativa o delito deberá ser sancionada o procesada conforme a derecho.

Extranjeros deben respetar las leyes

La CNDH reitera la necesidad de que las personas que integran las diversas caravanas que cruzan el país se conduzcan con respeto a las leyes mexicanas y se abstengan de ocasionar afectaciones o incurrir en conductas indebidas en las distintas comunidades por las que pasen o en las que se encuentren.

El organismo nacional presidido por Luis Raúl González Pérez llamó al gobierno mexicano a fortalecer el diálogo con la administración de Donald Trump, con el objetivo de evitar que se presenten acciones como las del domingo y para buscar opciones para que las personas en contexto de movilidad puedan ejercer su derecho de asilo o ingresar de manera regular y pacífica a Estados Unidos.

Lamentó que los cuerpos de seguridad fronteriza estadunidenses hayan disparado gases lacrimógenos contra personas migrantes ubicadas en territorio mexicano, lo que ocasionó lesiones a una adolescente (cuya atención fue acompañada por la propia CNDH), y que puso en riesgo no sólo a dichas personas, sino también a terceros ajenos a las caravanas que se encontraban en la zona.

Anunció que continuará su acompañamiento y presencia en las caravanas migrantes para constatar que las autoridades federales, estatales y municipales realicen sus actividades con pleno respeto a los derechos y dignidad de las personas en contexto de migración.