Sao Paulo. La fiscalía brasileña acusó de nuevo este lunes al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien cumple una sentencia de más de 12 años en una prisión de Curitiba, de presunto lavado de dinero al intermediar en un negocio en Guinea Ecuatorial, informó el Ministerio Público en Sao Paulo.

Según la denuncia, utilizando su prestigio internacional, Lula influyó en decisiones del presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang, que resultaron en la ampliación de negocios del grupo brasileño ARG en ese país africano, se explica en un comunicado de los procuradores encargados de la operación anticorrupción Lavado Rápido.

La fiscalía de Sao Paulo afirma que el ex presidente (2003-2010) habría recibido un millón de reales (263 mil dólares al cambio actual) disimulados como donaciones para el Instituto Lula entre septiembre de 2011 y junio de 2012.

Dicho instituto negó las acusaciones. Todas las donaciones al Instituto Lula son legales, declaradas, registradas, pagaron los debidos impuestos, fueron usadas en las actividades del instituto y nunca tuvieron ningún tipo de contrapartida, señaló en un breve comunicado difundido este lunes.

La defensa del ex presidente calificó la acusación de duro golpe al estado de derecho porque subvierte la ley y los hechos para fabricar una acusación y dar continuidad a una persecución política sin precedente por la vía judicial.

Cristiano Zanin Martins, abogado del ex mandatario, también dijo que espera que la justicia rechace la denuncia.

La fiscalía también denunció al funcionario del Grupo ARG, Rodolfo Giannetti Geo, por lavado de dinero y tráfico de influencias en una transacción comercial internacional. El ex mandatario, al tener más de 70 años, no fue acusado de este último delito.

De acuerdo con la acusación, Giannetti Geo buscó al ex presidente para que mediara con el mandatario de Guinea, Teodoro Obiang, para que su gobierno continuase realizando transacciones con el Grupo ARG, especialmente en la construcción de carreteras.

Preso desde el 7 de abril, Lula cumple en la sede de la Policía Federal de Curitiba una condena por corrupción pasiva y lavado de dinero. Fue acusado sin que se presentara una sola prueba de su culpabilidad de haber recibido un departamento en el litoral de Sao Paulo a cambio de favorecer constructoras en contratos con la estatal Petrobras.

El ex presidente, de 73 años, es investigado en otros cinco procesos ante la justicia brasileña. El ícono de la izquierda latinoamericana se declara inocente en todos los casos y se dice víctima de una persecución política y judicial.

En tanto, el presidente electo, Jair Bolsonaro, nombró al general retirado Carlos Alberto Dos Santos Cruz como próximo secretario de gobierno, sumando al quinto militar a su gabinete.

Algunos brasileños están preocupados por la posibilidad de que el nombramiento de Dos Santos, que lideró las fuerzas de pacificación de la Organización de las Naciones Unidas en Haití, y de otros oficiales, marque un regreso a un gobierno militarizado. Bolsonaro, un neofascista defensor de la dictadura, asumirá el cargo el primero de enero de 2019.