De 7 mil 267 millones de pesos del Seguro Popular, cuyo destino se desconoce, Michoacán adeuda casi la mitad. Le siguen Veracruz, con un tercio de ese monto, 2 mil 222 millones, y Guerrero, con mil 238 millones. Otras entidades con adeudos son Morelos, Nayarit y Tabasco. Esto es lo que se queda pendiente de este gobierno, reconoció Antonio Chemor Ruiz, titular de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS).

En entrevista, el funcionario explicó que el faltante se acumuló entre 2007 y 2015. El monto inicial era superior a 8 mil millones de pesos, pero en los pasados tres años se logró recuperar una parte.

Chemor Ruiz comentó sobre los posibles cambios que se harán al Seguro Popular en la siguiente administración. Hay áreas de oportunidad como mejorar la calidad de los servicios y garantizar el abasto de medicinas, dijo.

Aunque el dinero está disponible en las entidades y existe la certeza de que 30 por ciento se debe invertir en la compra de medicamentos, la satisfacción de los afiliados en este rubro es de 72 por ciento.

Respecto del proyecto del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, de cubrir la totalidad de las enfermedades de alto costo, Chemor señaló que la Ley General de Salud ya prevé la gradualidad en este tema. No se ha podido lograr porque se requiere más dinero. Sólo para atender a las personas con insuficiencia renal, uno de los grandes pendientes en salud, se necesitan 13 mil millones de pesos cada año, indicó.

Coincidió con Ivonne Cisneros, integrante del equipo de transición, en que la CNPSS y su brazo operativo, el Seguro Popular, es una instancia financiera. Así nació, para terminar con las barreras económicas que impedían a las personas el acceso a los servicios médicos, así como para incorporar de manera gradual los males que pueden ocasionar el empobrecimiento de las familias y disminuir el gasto de bolsillo que antes de 2003 representaba más de la mitad de la inversión nacional en salud.

Ese gasto se ha ido reduciendo. Actualmente se ubica por debajo de 40 por ciento de la inversión total.

Insistió en que en el sexenio por terminar, las prioridades se ubicaron en asegurar el control del dinero. De ahí las reformas legales que entraron en vigor en 2015 y permitieron, de acuerdo con un reporte de la Auditoría Superior de la Federación, que las observaciones sobre el ejercicio de los recursos del Seguro Popular pasaran de 35.9 por ciento en 2013 a 3.6 por ciento en 2017, es decir, un descenso de 90 por ciento.

De todas maneras, son 7 mil 267 millones 65 mil 858.73 pesos que siguen sin ser comprobados, y por los cuales las entidades interpusieron demandas penales y administrativas que están en curso. La CNPSS también dio vista a la Auditoría Superior de la Federación y a los Órganos Internos de Control de la comisión y la Secretaría de Salud.

El comisionado destacó que sin contar con recursos adicionales, salvo lo que prevé la ley, la CNPSS incorporó en este año seis padecimientos de alto costo para llegar a un total de 330, con 66 intervenciones clínicas. Todavía faltan otros males, pero se requiere dinero, todo es dinero.

Resaltó que el Catálogo Universal de Servicios de Salud incluye la totalidad de padecimientos que se pueden resolver en centros de salud y hospitales generales.

Lo anterior, en referencia al proyecto del equipo de transición en el área de salud de terminar con las restricciones en el acceso a los servicios de salud para las personas que carecen de seguridad social.

Chemor Ruiz comentó el caso de trasplantes de pulmón, que a partir de este año están cubiertos por el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos. Cada procedimiento cuesta 4 millones de pesos, mientras los tratamientos para personas con Síndrome de Morquio (poco frecuente e incluido recientemente) valen entre 6 y 12 millones de pesos al año por paciente.