Este lunes es la audiencia del estudiante de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) detenido de manera arbitraria por policías capitalinos, de acuerdo con sus familiares, quienes dijeron que los videos de los hechos no coinciden con las declaraciones de los uniformados.

Por ello, el diputado de Morena José Martín Padilla Sánchez solicitó la intervención de la Comisión de Derechos Humanos local, para garantizar que se respeten los derechos humanos del Juan Ramón Carrasco, acusado de pertenecer al cártel de la Unión Tepito y extorsionar a un comerciante en el momento de su detención.

Las pruebas de video presentadas por los familiares del detenido no coinciden con las declaraciones de los elementos que remitieron a Juan Ramón, puesto que la versión de la víctima expone que el estudiante realizaba una tarea en su departamento, ubicado en la parte norte del Centro Histórico, cuando escuchó un ruido en el pasillo y al salir vio que unos policías se llevaban su motoneta, intercambió palabras con los elementos de seguridad, discutió para que no se la llevaran y al final terminaron remitiéndolo, explicó.

SSP y PGJ deben esclarecer

El legislador dijo que el secretario de Seguridad Pública, Raymundo Collins, y el procurador General de Justicia, Edmundo Garrido Osorio, deben esclarecer la situación en que se encuentra Juan Ramón Carrasco, quien fue detenido y encarcelado el 3 de abril en el Reclusorio Preventivo Oriente.

Padilla Sánchez refirió que Fabiola Carrasco, hermana del joven, dijo que tras su detención, los policías lo encapucharon y le estuvieron dando vueltas, además de que lo golpearon, humillaron y torturaron, incluso se denunció abuso sexual.

Asimismo, el diputado de Morena comentó que el Ministerio Público no ordenó un examen proctológico para comprobar si era cierto lo que la víctima denunciaba, y que en la etapa de la integración de la carpeta de investigación no fue tomado en cuenta el video que presentaron los familiares del estudiante en el momento de la detención.

La juez sólo tomó en cuenta las declaraciones de los policías como única prueba fehaciente, lo que conllevó a que el proceso penal siguiera sus etapas y Juan Ramón fuera llevado al Reclusorio Oriente.