Domingo 25 de noviembre de 2018, p. 13
Si el gobierno entrante de México aceptara firmar un convenio con Washington para mantener en su territorio a los solicitantes de refugio en Estados Unidos mientras los tribunales de aquel país estudian sus casos, significaría una violación al derecho internacional que establece que el país que podría dar el asilo está obligado a recibir también a quienes lo requieren, señalaron integrantes de organizaciones civiles.
Como se informó en estas páginas, el diario The Washington Post publicó que la administración de Andrés Manuel López Obrador –que asumirá el poder el 1º de diciembre– había aceptado los planes de Estados Unidos de exigir a los solicitantes de asilo en aquel país que esperen en México la resolución de sus casos, aunque la futura secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, desmintió la versión.
Consultado sobre el tema, Rubén Figueroa, uno de los coordinadores del Movimiento Migrante Mesoamericano, consideró que si el nuevo gobierno llegara a aceptar ese acuerdo, estaría pasando por encima del derecho internacional en la materia, el cual establece que los solicitantes de refugio deben esperar la respuesta a su petición en el mismo país donde hicieron su requerimiento.
Las propuestas del presidente estadunidense, Donald Trump [sobre migración], han sido bloqueadas por los jueces porque han estado mal planteadas, y si López Obrador sigue esa línea, estaría avalando las acciones de Trump y dejando a los solicitantes de refugio en un limbo legal
, advirtió el activista. Figueroa destacó que aprobar ese esquema implicaría también obligar a los migrantes a quedarse en un país en el cual no desean estar, porque consideran que no tiene las condiciones de seguridad que ellos necesitan.
Por su parte, Juan Carlos Gutiérrez, director de Idheas, asociación de litigio estratégico en derechos humanos, coincidió en afirmar que un acuerdo de esa naturaleza violaría las leyes en la materia, pues México sólo estaría obligado a recibir a los solicitantes de asilo una vez que el gobierno de Estados Unidos rechace formalmente las peticiones.