La asociación civil Reinserta urgió al gobierno entrante a proteger a los adolescentes presos si hay indicios de que fueron reclutados por el crimen organizado.

"Al haber estado en contacto y convivir con adolescentes vinculados a grupos de delincuencia organizada, creemos urgente que exista un protocolo de desmovilización y de testigos protegidos."

Durante la presentación del estudio sobre factores de riesgo y victimización en adolescentes que cometieron delitos de alto impacto social en México, que realizó Reinserta A.C., se indicó que 36.8 por ciento de la población juvenil que está privada de la libertad es por el delito de homicidio, 27.8 cometieron robo y 18.2, actos contra la libertad, como el secuestro.

Pero no sólo eso, de acuerdo con la muestra, que incluye a más de 500 adolescentes presos de los 6 mil que hay en el país, 66.7 por ciento de las mujeres que se encuentran cumpliendo una medida privativa son primodelincuentes y, muchas veces, relacionadas con coacusados hombres.

El estudio contempló a 502 adolescentes de los estados de México, Ciudad de México, Yucatán, Michoacán, Puebla, Tabasco, Guerrero, Veracruz, Nuevo León y Sinaloa.

Saskia Niño de Rivera, presidenta y cofundadora de Reinserta A.C., aseguró que las cárceles deben ser sitios que promuevan las oportunidades para apoyar a la gente privada de su libertad y enfatizó la necesidad de darle voz a los jóvenes en conflicto con la ley.

Debemos de empezar a decir que las personas en la cárcel son nuestras personas en la cárcel, mencionó al referirse a la responsabilidad que tienen los ciudadanos para mejorar la seguridad del país.

El próximo subsecretario de Gobernación, Zoé Robledo, destacó la importancia de la lucha por la prevención y la reinserción desde la sociedad civil. El tema es invertir y hacer un esfuerzo por atender las causas de la violencia, subrayó Robledo. Y agregó que el gobierno mexicano le ha fallado a los más vulnerables. Recordó que la próxima administración federal otorgará 2.6 millones de becas a adolescentes que no estudian ni trabajan.

Ana Laura Magaloni, investigadora y académica del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), manifestó que la política preventiva y de reinserción son pilares centrales de cualquier práctica de seguridad. Dijo que los temas de seguridad se deben afrontar desde el ámbito local, para así permear al resto de los estratos.