Durante 16 años, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ejerció recursos sin rendición de cuentas, presentó información incompleta, dejó obras inconclusas o sin operar y carece de documentación probatoria del uso de fondos, afirma Verónica Zamudio, asesora de la asociación ControlaTuGobierno.

Hay alrededor de 75 mil millones de pesos que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó como probable daño al erario, pero sólo recuperó uno por ciento, señala un informe sobre las auditorías realizadas a seis programas.

Según la ASF –destaca–, 98 por ciento de esos recursos fueron aclarados, pero la información de su uso fue reservada por cinco años. En el documento La Conagua en los informes de la ASF, en el que se analizaron 222 informes de seis programas, se encontró que se ejercieron en total 98 mil millones de pesos, cuatro veces el presupuesto de Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en 2018.

Zamudio presentó el informe en el que se evaluaron los programas dirigidos a ampliar los servicios de la infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento vigentes hasta 2015 y financiados con recursos federales. A partir de 2016 se concentraron varios programas en Proagua.

Se observan irregularidades, como que en 2014, cuando David Korenfeld aún era el director de Conagua, no se presentó documentación alguna ni se acreditó el destinó de 2 mil millones de pesos de programas de agua potable y saneamiento en zonas rurales, indicó.

Por 16 años, la Conagua no corrigió las irregularidades reiteradas por la ASF; hay programas que vienen desde la década de los 90 y no han tenido los resultados esperados, dijo la especialista. El gobierno federal ha señalado que hay 9 millones de personas que carecen de servicio de agua potable y 10 millones de alcantarillado, además de que ha cumplido metas internacionales, pero la pregunta es cómo lo logró, si ni siquiera define metas en los programas ni la población objetivo.

Hay datos que revelan que 57 por ciento –71 millones de personas– de la población no cuenta con agua de calidad libre de contaminantes y 65 por ciento de las aguas residuales no están tratadas, indicó.

Los programas sobre los que no se presentó información a la ASF sobre el ejercicio de los recursos fueron Agua potable, alcantarillado y saneamiento en zonas urbanas; Agua limpia; Construcción y rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y saneamiento en zonas rurales; Tratamiento de aguas residuales; Incentivos para la operación de plantas de tratamiento de aguas residuales y Devolución de derechos.

A su vez, Nathalie Seguin, coordinadora de Freshwater Action Network, refirió que la nueva administración tendrá que revisar lo que ha pasado en la materia. No sé con precisión lo que pasa con las plantas de tratamiento; se requiere hacer un inventario de cuántas están en operación, y la Conagua tiene la obligación jurídica de generar información para ellos mismos, para que haya una correcta planeación. Consideró urgente un ente regulador del agua.

Carmen Fernández, consultora de la Red de Integridad del Agua, señaló que hay limitaciones en las auditorías, pese a lo cual se reporta gran cantidad de irregularidades y hay baja confiabilidad de los datos.