Ante el perdón ofrecido por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador a quienes hayan cometido actos de corrupción antes del inicio de su mandato, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) afirmó que cualquier conducta de corrupción debe ser investigada, procesada y castigada.

El dirigente patronal, Gustavo de Hoyos Walther, sostuvo en conferencia de prensa que todo acto que viole la ley, particularmente si es cometido por un servidor público, elegido o designado y que haya atentado contra el patrimonio público, tiene que ser perseguido, juzgado y en su caso sancionado.

Los perdones generales, los indultos, las amnistías a quienes dilapidan o sustraen recursos del erario, no generan conductas ejemplares, más bien fomentan las conductas ilegales, indicó.

Insistió en que si hay indicios de que alguien haya incurrido en hechos de corrupción, debe ser investigado, en su caso procesado y castigado en el contexto de la legislación vigente.

En juego la certidumbre y competitividad del país

Por otra parte, en la antesala de las reformas en materia laboral, Coparmex pidió a la nueva administración que sean consultados todos los actores involucrados –en especial a los empresarios– antes de aprobar cualquier legislación, pues está en juego la certidumbre y competitividad del país.

En su mensaje semanal De Hoyos Walther dijo que las modificaciones a los artículos 107 y 123 constitucionales, que se suman a la ratificación del Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el cual permite el derecho de sindicación y negociación colectiva, así como los cambios que tendrán que hacerse a la Ley Federal del Trabajo derivado del Capítulo 23 Laboral del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), tendrán un impacto equiparable a lo que en su momento tuvo la expedición de la primera Ley Federal del Trabajo.

Resaltó que es importante que el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que sustituirá a la Secretaría del Trabajo y a las Juntas de Conciliación y Arbitraje, sea autónomo y no dependa del Poder Ejecutivo, porque se encargará de la conciliación de asuntos individuales y colectivos en materia federal, así como del registro de todos los contratos colectivos de trabajo y de las organizaciones sindicales.

Agregó que la reforma debe contener mecanismos que eviten el emplazamiento a huelga por extorsión, así como crear mecanismo que restrinjan paros, bloqueos y amenazas que impidan la realización de las actividades de los patrones y de sus trabajadores, proveedores o clientes.

Acorde a la evolución mundial, deben abandonarse modelos de huelga de principios del siglo XX, para que las huelgas ya no sean invasivas y que las impulsen la mayoría de los trabajadores y no un grupo minoritario, sostuvo.

También pidió que se sancione a organizaciones sindicales que realicen actos ilícitos que perjudiquen a los trabajadores, tales como participar en esquemas de evasión de contribuciones fiscales o incumplimiento de obligaciones patronales.

Señaló que en materia de derecho de sindicación y de negociación colectiva se debe evitar la atomización, es decir, la existencia de multiplicidad de sindicatos en una misma empresa, que dificulten revisiones de contratos colectivos, pues es difícil negociar con varios y se debilita la vida sindical.

Respecto al Anexo 23-A del Capítulo Laboral del T-MEC, el gobierno de México se comprometió a que en las futuras revisiones salariales y de condiciones laborales, todos los contratos colectivos existentes incluyan apoyo mayoritario, por medio del ejercicio del voto personal, libre y secreto de los trabajadores cubiertos por dichos acuerdos.