partir de que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, presentó –junto con su equipo– el Plan de Paz y Seguridad del próximo gobierno federal, han proliferado los cuestionamientos al octavo y último punto del documento, en el que se establece la creación de la Guardia Nacional bajo el mando operativo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para remplazar a la actual Policía Federal como instrumento del Ejecutivo para la prevención del delito, la seguridad pública y la identificación, ubicación, detención y presentación de presuntos infractores.

Ayer, por ejemplo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) criticó la propuesta de una policía integrada, en su mayoría, por elementos de las fuerzas armadas, lo que equivaldría a renunciar a la institucionalidad civil y democrática. Desde otra perspectiva, el presidente Enrique Peña Nieto advirtió que la reciente derogación de la Ley de Seguridad Interior por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) coloca a las fuerzas armadas en un vacío legal, por lo que es necesario dar la certeza jurídica para su actuación en materia de seguridad interior.

El magistrado de la SCJN José Ramón Cossío advirtió que, de acuerdo con el mandato constitucional, los miembros de las fuerzas armadas no pueden hacer más funciones que las que tengan exacta relación con la disciplina militar. En tanto, la red Todos los Derechos para Todas y Todos, que agrupa a 87 organizaciones de 23 estados, acusó a las bancadas legislativas de Morena de insistir en perpetuar un modelo de seguridad militarizado, al que calificó de provocación al espíritu democrático que se expresó en las urnas el primero de julio.

Esas y otras críticas se fundan en los efectos contraproducentes y trágicos que ha tenido el empleo del Ejército y la Marina en labores policiacas. Se ha señalado muchas veces que las instituciones armadas del país son fuerzas combatientes, pensadas y entrenadas para la guerra, no para tareas policiales, lo que ha llevado a la comisión de graves violaciones a los derechos humanos de 2006 a la fecha. Además, instaurar una nueva corporación encargada de la paz y la seguridad públicas obliga a recordar los intentos realizados al respecto en el pasado reciente. El caso más próximo es el establecimiento de la Policía Federal Preventiva en tiempos de Ernesto Zedillo y rebautizada Policía Federal por el gobierno de Vicente Fox, o la Gendarmería Nacional, en este sexenio.

Pero esos ensayos no han resuelto el problema central de fondo, que es la descomposición de las formaciones policiales federales, estatales y municipales, y su infiltración por la delincuencia. Cuando se involucró a las fuerzas armadas en la seguridad pública se dijo que sería una medida temporal mientras se depuraba y profesionalizaba a las corporaciones de policía, pero 12 años después éstas siguen siendo incapaces de cumplir con su tarea básica.

Ha de señalarse, por otro lado, que, con todo y la intención de crear un cuerpo policial militarizado, el Plan de Paz y Seguridad lopezobradorista contiene otros siete puntos, que representan, en conjunto, un giro considerable en la estrategia de combate a la delincuencia seguida hasta ahora, y lo articulan con los proyectos del próximo gobierno: combate a la corrupción, reactivación de la procuración de justicia, generación de empleos, atención a las carencias educativas, de salud y bienestar, respeto a los derechos humanos, regeneración ética, regulación de las drogas hoy prohibidas, impulso a la construcción de la paz y dignificación de las cárceles.

Más allá de la pertinencia de cuestionar la instauración de una policía militarizada, sería conveniente considerar este polémico punto en el contexto del plan general y no, como hasta ahora, de manera aislada.