La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó anoche por unanimidad el dictamen para retirar de la Constitución el fuero que protege a los funcionarios públicos, lo que permitirá juzgar durante su encargo al presidente, los gobernadores, funcionarios públicos y legisladores por cualquier delito, aunque se les otorga inmunidad para que sean destituidos y encarcelados sólo cuando exista sentencia judicial condenatoria.

El fuero se ha convertido en un escudo constitucional para los altos funcionarios federales y estatales, porque el proceso judicial en su contra sólo puede dar inicio si en San Lázaro se aprueba una declaración de procedencia. En la mayoría de las denuncias contra personajes vinculados al PRI no ha procedido, y en su historia, la Cámara de Diputados ha retirado el fuero al ex director de Petróleos Mexicanos, Héctor Díaz Serrano; el asambleísta René Bejarano; a Andrés Manuel López Obrador; la diputada local de Veracruz Eva Cadena (Morena), por delitos electorales, y la diputada local de Sinaloa Lucero Guadalupe Sánchez (PAN), por sus presuntos vínculos con Joaquín El Chapo Guzmán.

En contraste, la inmunidad es una figura que no constituye un derecho de los funcionarios, sino un estatus necesario para que otras autoridades puedan paralizar o afectar el funcionamiento del poder público y hacerlo vulnerable.

Según definió la comisión en el dictamen que se dará hoy de primera lectura y se votará el martes en el pleno, el punto preciso a resolver cuanto antes es la garantía del libre funcionamiento de los poderes públicos, pero sin el fuero constitucional, que ya es insostenible.

También definió que la sujeción de los funcionarios a proceso penal debe poder realizarse sin tener como requisito una declaración de procedencia, a condición de que el indiciado se mantenga en libertad hasta que se dicte sentencia condenatoria, en cuyo caso perdería la inmunidad y el cargo.

El proyecto original consideraba que, en el caso del presidente, el retiro de la inmunidad y el cese de funciones necesitara la aprobación, primero, de la mayoría absoluta de la Cámara de Diputados, y después de dos tercios del Senado, excepto cuando se trate de delitos graves.

Acción Nacional impugnó esa redacción, con el argumento de que se pretendía otorgar un privilegio al próximo Presidente.

Morena propuso suprimir esa redacción, pero también la que exigía el voto del Senado en el caso de los gobernadores por la comisión de delitos federales. Horacio Duarte afirmó que en Morena no se tiene miedo a que López Obrador no goce de ninguna protección constitucional.

México no es Brasil. Hay un mandato popular, una sociedad que respalda a su presidente con 30 millones de votos que, aún en cualquier intento absurdo, el pueblo estará del lado correcto de la historia, como en 2005 ante el desafuero, destacó.