Expertos constitucionalistas sostuvieron que no bastan las reformas para crear la Guardia Nacional, combatir o disminuir la criminalidad y la incidencia delictiva en el país: se deben precisar cuáles serán las funciones específicas de esta corporación, cuál será la diferencia con los cuerpos policiacos, que se garantice el debido proceso y que no se generará impunidad por violaciones a los derechos humanos o fallas en las aprehensiones.

Es importante que quede claro cuál será el mandato de la Guardia Nacional y cuál será su diferencia con las policías, porque si eso no sale bien, se puede contaminar muy rápido y empezar a generar gran cantidad de problemas, advirtió el ministro José Ramón Cossío Díaz, para quien en tiempos de paz, como dice el artículo 129, los miembros de las fuerzas armadas no pueden hacer más funciones que las que tengan exacta relación con la disciplina militar.

Cossío Díaz dijo que aunque le es difícil aceptar la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, le quedan dudas sobre la responsabilidad y las facultades que tendrá la Guardia Nacional, porque como se ha definido no es una policía y debe quedar claro qué va a ser ese organismo.

Javier Oliva, especialista de la Universidad Nacional Autónoma de México, señaló que la propuesta de una Guardia Nacional tiene como finalidad crear una institución sólida, enfocada en modelos europeos.

Sin embargo, se deben aclarar bien sus funciones. Dijo que habrá una presencia protagónica de los militares por la deficiencia de las policías y el nuevo cuerpo de seguridad es la continuidad de lo que se ha hecho desde el sexenio de Ernesto Zedillo: darle un protagonismo necesario a las fuerzas armadas.

Explicó que existen casos como el de España, que tiene una guardia civil que depende las fuerzas armadas, pero enfocada a trabajar en áreas rurales. Creo que están trabajando o tienen ese modelo muy de cerca, por lo cual, el hecho de que tengan presencia en labores de seguridad pública no quiere decir que el país se militarice.

En tanto, el jurista Julio Jiménez Martínez, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle, manifestó que el problema no es que se aprueben reformas constitucionales para crear la Guardia Nacional y se amplíen las facultades del presidente de la República para que este cuerpo se genere con integrantes de las fuerzas armadas.

Explicó que si bien se considera optimista sobre la política que se quiere implementar para disminuir la incidencia delictiva, se requiere modificar otros ordenamientos más allá de la Constitución y generar las leyes intermedias necesarias para que la Guardia Nacional garantice el debido proceso de los detenidos y se ponga fin a la percepción de impunidad.