e gesta la constitución moral. Así lo ha refrendado Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien anunció que en un semestre deberá estar listo el documento mencionado. Agregó que se convocará a los ciudadanos a elaborar la constitución moral en la idea de que no sólo de pan vive el hombre, o en la idea de [José] Martí, que nos decía que nos debe importar el bienestar material, sino también el del alma.

El consejo asesor que tiene a su cargo el proceso de dar a luz la constitución moral está integrado por Jesús Ramírez, Verónica Velasco, Enrique Galván Ochoa y José Agustín Ortiz Pinchetti. Este último “expuso que el punto de arranque para la constitución moral es la Cartilla moral, de Alfonso Reyes, publicada en 1944, [la que] definió como de gran consistencia interna que puede ser discutida y renovada”.

Si el punto de arranque es el documento mencionado por Ortiz Pinchetti, entonces quienes tengan interés en el tema debieran comenzar por conocer lo redactado por Alfonso Reyes. A petición del entonces secretario de Educación Pública, Jaime Torres Bodet, en 1944 Reyes preparó unas lecciones a las que tituló Cartilla moral. El autor evocaba que su material pedagógico no pudo aprovecharse en aquel tiempo. Explicó que las lecciones “están destinadas al educando adulto [para quien se llevó a cabo una campaña de alfabetización], pero también son accesibles al niño. En uno y otro caso suponen la colaboración del preceptor, sobre todo para la multiplicación de ejemplos que las hubieran alargado inútilmente (hay varias ediciones; cito de la publicada por Alianza Editorial y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 1994, p. 5).

En el México de 1944, hace 74 años, Alfonso Reyes consideraba que la meta de la educación y el núcleo valorativo de la misma deberían significarse por los siguientes objetivos: “Debe educarse para el bien. Esta educación y las doctrinas en que ella se inspira constituyen la moral o ética […] Todas las religiones contienen también un cuerpo de preceptos morales, que coinciden en lo esencial. La moral de los pueblos civilizados está toda contenida en el cristianismo […] Podemos figurarnos la moral como una constitución no escrita, cuyos preceptos son de validez universal para todos los pueblos y para todos los hombres. Tales preceptos tienen por objeto asegurar el cumplimiento del bien, encaminando a este fin nuestra conducta” (pp. 9 y 10).

México es mucho más diversificado religiosa, social y culturalmente que cuando Reyes redactó la Cartilla moral. Este hecho complica llegar a un consenso sobre qué principios éticos deberán quedar plasmados en la Constitución que López Obrador ha encargado a su equipo. La tarea, se supone, quedará concluida, anunció el presidente electo, en seis meses y para ello se convocará a los ciudadanos a elaborar la constitución moral. Todo apunta hacia que el documento resultante será la enunciación de puntos generales, principios virtuosos con los que difícilmente se puede disentir, pero que no tendrán eficacia operativa.

Es necesario tener claridad para nombrar el documento que tiene a su cargo el consejo asesor elegido por AMLO. No puede llamarse constitución porque no tendrá validez jurídica, ni posibilidad de ser instrumento vinculante. Tampoco estatuto, ya que como bien recordó Luis Hernández Navarro, llamarle así sería una una contradicción, porque, según el diccionario de la RAE, un estatuto es la regla que tiene fuerza de ley para el gobierno de un cuerpo. Puede ser ideario, pacto, declaración pero no constitución. Una constitución norma derechos y obligaciones de autoridades y ciudadanía. ¿Cuáles serían los derechos y, sobre todo, las obligaciones de la constitución moral?

Lo urgente es reconstruir la red de agujeros en que se ha convertido el sistema jurídico mexicano. La extrema vulnerabilidad de nuestro estado de derecho es un poderoso imán para todo tipo de conductas delictivas que vician el clima social. Al Estado corresponde hacer cumplir las leyes, normar las conciencias es asunto de otras instancias. Con anterioridad aquí mismo consideré que siempre será de beneficio público reforzar la construcción de virtudes cívicas, y en esto tiene parte importante el sistema escolar/educativo. Sin embargo, el recurso pedagógico que puede calar más hondo en quienes infringen las normas es que sus acciones no queden impunes. Si no se cumple con la normativa por impulsos virtuosos, que se acate por las posibles repercusiones jurídicas de la transgresión perpetrada.

Es encomiable querer reforzar las reservas morales de la sociedad. Tal reforzamiento queda en el terreno de la persuasión, pero no puede ir más allá. Alcanzar consenso moral podrá ser un ejercicio interesante, pero lo inaplazable es que el sistema legal funcione y procure justicia.