Avanzar en materia de transparencia gubernamental y perseguir a quienes han cometido corrupción ha sido bandera de los presidentes de México desde hace casi 40 años… hasta que sus gobiernos terminan por caer en los vicios que criticaban en sus antecesores.

Así lo demuestra la historia de la lucha anticorrupción, que tuvo una de sus fechas clave en el sexenio de Miguel de la Madrid (1982-88), quien llegó al cargo con el discurso de emprender una renovación moral de la sociedad y creó la Secretaría de la Contraloría General de la Federación (hoy Secretaría de la Función Pública), encargada de revisar el manejo del erario.

Para estrenar su voluntad de terminar con la corrupción, el gobierno eligió como caso paradigmático el de Jorge Díaz Serrano –quien en el sexenio de José López Portillo había sido director de Pemex–, al cual se acusó de cometer un fraude por 35 millones de dólares al comprar dos buques gaseros con sobreprecio, mediante un intermediario.

Pero el discurso de De la Madrid fue puesto en tela de juicio durante su propio sexenio, por haber tolerado la corrupción cometida por Joaquín Hernández Galicia, La Quina, a la sazón líder del sindicato petrolero.

Como admitió durante una entrevista concedida muchos años después, el ex presidente dijo que tenía conocimiento de los abusos, los contratos irregulares y la venta de plazas de La Quina, e incluso de las supuestas actividades de acopio de armas del dirigente sindical, pero durante su sexenio lo dejó hacer, por temor a que generara un conflicto laboral.

Sin embargo, los privilegios de Hernández Galicia como intocable no durarían, porque Carlos Salinas de Gortari (1988-94) inició su sexenio con el golpe de efecto de detenerlo, acusándolo de homicidio y acopio de armas, en lo que el nuevo gobierno calificó de acción contra la corrupción y la violencia.

La historia del acusador que deviene acusado se repitió, cuando el hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl, fue detenido por el siguiente mandatario, Ernesto Zedillo (1994-2000), bajo cargos de enriquecimiento ilícito por más de 224 millones de pesos, pero también por el asesinato de José Francisco Ruiz Massieu, su ex cuñado.

El turno de Zedillo de ser cuestionado por permitir lo mismo que condenó vino de la mano del ex regente capitalino Óscar Espinosa Villarreal –acusado de desviar más de 420 millones de pesos, originalmente destinados a comunicación social–, pero también de la de Mario Villanueva Madrid, ex gobernador de Quintana Roo, señalado por permitir operaciones de grupos del narcotráfico a cambio de sobornos millonarios.

Con la promesa de sacar de Los Pinos a las tepocatas, alimañas y víboras prietas, en alusión a los priístas corruptos, el panista Vicente Fox llegó a la Presidencia en 2000. La historia se repitió.

Durante el mandato del guanajuatense, la empresa Oceanografía (en la cual participaban Jorge Alberto y Manuel Bribiesca, hijos de su esposa, Marta Sahagún) fue beneficiada con múltiples contratos con Pemex, y finalmente fue acusada por Banamex de haber cometido un fraude por al menos 400 millones de dólares, al haber falseado cuentas por cobrar.

El sucesor de Fox, Felipe Calderón (2006-12), llegó a la Presidencia en medio de un proceso electoral muy cuestionado, pero con el lema de campaña de tener las manos limpias.

No obstante, su gobierno quedó marcado por el caso de la Estela de Luz, el monumento para conmemorar el bicentenario de la Independencia y centenario de la Revolución, cuyo costo se elevó de 393 millones de pesos a mil 312 millones, en medio de señalamientos de pagos improcedentes y otras formas de corrupción, que causaron grave daño a la hacienda pública.

El sexenio de Enrique Peña Nieto, a unos días de terminar, no ha sido la excepción en esta historia de casos de corrupción. Uno de los más sonados fue el de la Casa Blanca, propiedad que la esposa del mandatario compró a Juan Armando Hinojosa, uno de los empresarios más beneficiados con contratos durante la actual ­administración.

Pero, como ocurrió en otros casos, las presuntas irregularidades quedaron impunes. En 2015, el entonces secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, declaró que no había habido conflicto de intereses.