Guadalajara, Jal., ¡Está viva! La muerta se mueve, dijo el hombre que trasladaba a la morgue a Norma Mendoza López, detenida por el Ejército Mexicano sin orden de aprehensión y torturada durante varios días en el penal de Nuevo Laredo, Tamaulipas.

La historia de terror que vivió Norma empezó el 10 de noviembre de 2011 cuando salió de Reynosa rumbo a Nuevo Laredo, donde se hospedó en el hotel Quality Inn. Al pasar junto a la piscina observó a un grupo de ocho hombres que estaba bañándose; uno de ellos le gritó: Vente a bañar con nosotros. Ella los ignoró.

Al día siguiente, tres de los mismos hombres, pero vestidos de militares, entraron a su habitación sin una orden de aprehensión. Sin mediar palabra, la detuvieron, la esposaron y la trasladaron en camionetas del Ejército al Ministerio Público donde la acusaron de atentado a la seguridad de la comunidad, delito declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Por apretada te quedas presa, le dijo el capitán a cargo de la operación, a manera de despedida. Y añadió: Si te vienes conmigo 15 días te dejo libre. Ella se negó y la ingresaron al penal de Nuevo Laredo, donde fue sometida a tortura y violaciones sexuales durante una semana, por custodias y reos Zetas, hasta que la dieron por muerta.

Para el tormento, utilizaron una tabla fabricada en la carpintería del penal con un mango que medía un metro de largo por unos 10 centímetros de ancho y cinco hoyos en medio, de cinco centímetros de grosor. La golpeaban en tandas de 15 tablazos en la espalda, glúteos y piernas. Le arrancaron las uñas, le quemaron el cuerpo con cigarrillos y, finalmente, una interna obesa saltó varias veces sobre su estómago para rematarla, provocando que vomitara grandes cantidades de sangre. Norma pensó que moriría y tuvo un último pensamiento antes de desmayarse: Dios mío, cuida a mis hijos.

Como ya no se movió, la dieron por muerta, pero al trasladarla a la morgue se dieron cuenta de que seguía viva. En lugar de llevarla a un hospital público, la ingresaron en la clínica privada La Fe, donde estuvo cinco días en coma y le practicaron medidas urgentes para salvarle la vida; luego, al Hospital General de Nuevo Laredo y después al Hospital Civil de Ciudad Victoria, para someterla a 14 cirugías.

El saldo de la tortura fue devastador: tenía hemorragias internas, la vesícula rota, el cerebro inundado, el hígado destrozado, costillas quebradas y una importante pérdida de carne y piel, provocada por los tablazos.

Y en lugar de liberarla, fue recluida en el penal de Reynosa durante más de tres años, hasta que el juez tercero de primera instancia de lo penal, en el proceso 178/2011, finalmente la absolvió de todo delito el 14 de enero de 2015.

El camino de la justicia

Norma muestra sus cicatrices. Las del alma y las del cuerpo. Ambas son profundamente dolorosas. Está sentada haciendo recuento de los últimos siete años de lucha por el acceso a la justicia y la reparación.

Lentamente se sube la blusa para dejar al descubierto su espalda. Su cuerpo y su alma jamás olvidarán la tortura: He intentado sobrevivir, ha sido un largo camino. Pasar por una tortura, por un encierro y luego salir a la libertad, es una transición muy difícil, más porque tengo cuatro hijos, padre, madre, hermanas. Sobreponerme no ha sido fácil, dice en entrevista con La Jornada.

A pesar de interponer denuncias penales y acudir ante las instituciones de derechos humanos, Norma nunca obtuvo justicia, sus agresores jamás fueron castigados, ni los militares que la detuvieron: Luchar contra la impunidad, la corrupción y el abuso es muy difícil.

A su salida de la cárcel, presentó una denuncia ante Brenda Garza, de la Comisión Estatal para la Atención a las Víctimas, de Reynosa, Tamaulipas, sin resultados. Luego, ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que únicamente remitió su caso ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH); esta última la rechazó con el argumento de que no era un asunto federal, a pesar de la detención arbitraria de los militares, aunque dio vista a la Procuraduría General de la República (PGR) que finalmente inició el Protocolo de Estambul.

Norma fue sometida entonces a una minuciosa valoración médica y sicológica durante seis horas diarias en el lapso de ocho días. Finalmente, fue certificada como la primera mujer mexicana viva y torturada en 2011. Pero ni la CNDH ni las instituciones de Tamaulipas, que siempre negaron los hechos, hicieron nada por procurarle el acceso a la justicia.

Finalmente, en julio de 2017 denunció ante la PGR a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Una semana después, fue intimidada y perseguida por camionetas blancas que la seguían y por hombres con aspecto militar que le gritaban: Sabemos quién eres y dónde vives.

A partir de entonces, Norma ha tenido que cambiar cuatro veces de residencia para salvaguardar su vida y la de sus hijos. Y finalmente se vio obligada a desistirse de la denuncia contra la Sedena.

A pesar de todos los esfuerzos por el acceso a la justicia, su vida no ha vuelto a la normalidad. No puede trabajar por las secuelas de la tortura y por la persecución que ha padecido que la obliga a mover constantemente su residencia. Su economía y la de su padre están en grave crisis.

Las secuelas de la tortura son incontables: tengo estrés postraumático, reflujo, gastritis, no puedo dormir, me quitaron un pedazo de hígado, la vesícula, hemorragias internas, tengo desviada la columna vertebral, cuando hace frío tengo un gran dolor en las rodillas, los codos, el cuello, la columna, las costillas que están rotas y mal soldadas, los dedos de las manos porque me sacaron las uñas. Lo que más me afecta es el dolor de la espalda y no poder comer bien.

Añade: No puedo olvidar nada de lo que me pasó. No puedo olvidar el rostro de los verdugos, de un preso a quien apodaban El Perro, con los dientes de oro, con cadenas y pulseras. Pero aprendí a levantarme todos los días y verme al espejo y sentir mi cuerpo maltratado, magullado, las cicatrices en mi cuerpo son lo más difícil de llevar y también lo sicológico, porque no duermo, me siento perseguida.

Vía contenciosa administrativa

Ante la impunidad que ha cubierto su caso, la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos ha denunciado la negativa del Estado mexicano de otorgar justicia a Norma y anunció una demanda de indemnización que fue interpuesta en la primera sala regional del noreste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Pero los magistrados Gerardo Brizuela Gaytán, Martín Donis Vázquez, Alonso Pérez Becerril, Santiago González Pérez, Yolanda García Medina y Juan Marcos Gutiérrez González negaron la admisión de la demanda, aunque se presentó un recurso de apelación.

El bufete de abogados 3CT ha cuantificado el daño que el Estado mexicano le infringió a Norma, sus hijos y su familia en 800 millones de pesos por las graves violaciones a derechos humanos como debido proceso, tortura, integridad personal, vida privada, derecho a la vida, proceso carcelario, discriminación de género y violencia contra la mujer, derecho a la familia y a la salud, entre otros.

No se trata sobre una persona lastimada por el Estado mexicano y que ahora quiere un cheque. Ella no puede trabajar, no puede tener hijos, no puede disfrutar su vida sexual ni la vida por todas las secuelas de la tortura. Necesita atención médica especializada el resto de toda su vida. Son cuentas por pagar. Más cuatro hijos, su papá que perdió todo su patrimonio. Una familia que se queda sin nada y no tiene ni un centavo para el futuro. El Estado es el que tiene la culpa, dijo el portavoz del bufete de abogados.

Norma se prepara para un largo proceso. Si la justicia administrativa mexicana también le es negada, buscará a instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: Quiero justicia, que los metan a la cárcel, que me paguen el daño y que mi caso sea un referente para ayudar a más personas.