El alcalde de Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo Guerra, fue detenido por policías de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina por su presunta responsabilidad de allanamiento y despojo del parque Reforma Social, luego de ordenar que una cuadrilla de trabajadores diera el mantenimiento de ese lugar público que se adjudicó a un particular.

Vecinos de la colonia Reforma Social solicitaron la poda de árboles ante el peligro que corrían porque dos arbustos estaban a punto de caer. La cuadrilla encabezada por el alcalde acudió a realizar las labores, pero su presencia ocasionó que el propietario solicitara la detención de los empleados.

Para evitar que los trabajadores fueran aprehendidos, Romo Guerra se puso a disposición de los efectivos policiacos quienes lo trasladaron a la agencia del Ministerio Público de Miguel Hidalgo, donde dos horas después fue liberado.

A su salida, expresó que si por dar mantenimiento, defender y preservar un parque que desde hace 36 años es público me detienen, que me detengan y me sigan deteniendo, porque lo seguiré haciendo. Detalló que acudió al MP de manera voluntaria ante la exigencia del dueño de detener a los trabajadores.

Romo advirtió que defenderá el parque para que sea de uso y usufructo público de los vecinos, para lo cual cuenta con el apoyo de José Ramón Amieva y Claudia Sheinbaum Pardo, jefe de Gobierno en funciones y electa, respectivamente, quienes ayer le llamaron para respaldarlo. Expuso que no se violó cerca alguna, tampoco barda porque es un área abierta.

Agregó que Amieva y Sheinbaum le informaron que se establecerá una ruta jurídica para que el parque siga como un espacio para todos los habitantes de la Miguel Hidalgo y se realizará, dijo, desde el gobierno de la ciudad porque es quien debe hacer la defensa legal.

Aseguró que para blindarlo del proyecto inmobiliario que se pretende edificar, además de área verde se buscará desde el Congreso local que tenga la declaratoria de valor ambiental y cerrar la posibilidad de construir departamentos.

Por su parte, la Procuraduría General de Justicia inició una carpeta de investigación por la denuncia del representante legal de los propietarios del parque Reforma Social.

Según la parte acusadora, el parque es propiedad privada en la cual las autoridades no tendrían por qué realizar mantenimiento. El MP determinará si existe la posible comisión de delitos.