Madrid. Santiago Pedraz, el juez español de la Audiencia Nacional que instruye la investigación contra el ex presidente nacional del PRI Humberto Moreira, decidió reabrir el caso y emprender dos acciones concretas inmediatas: solicitar información al Estado mexicano por conducto de la Procuraduría General de la República (PGR, que tiene una delegación en España) y enviar una comisión rogatoria a Estados Unidos para tomar declaración a dos testigos clave y en calidad de protegidos.

La tesis de la Fiscalía Anticorrupción del país ibérico es que Moreira diseñó un mecanismo de corrupción mediante el cual no sólo desfalcaba al erario público mexicano y lavaba ese dinero en suelo español con inversiones de diversa índole, sino que también fungía como operador del crimen organizado y de algunos de los grupos delincuenciales más peligrosos del país, como los llamados Zetas.

Testimonios claves

Fuentes de la Audiencia Nacional de España confirmaron que el juez Pedraz decidió dar luz verde a las peticiones realizadas por los fiscales de su país para reabrir el caso Moreira, una vez que se conocieron los testimonios de Rolando González Treviño y Héctor Javier Villareal, dos testigos clave que se encuentran en Estados Unidos bajo custodia de un juzgado de San Antonio, Texas. Al parecer tendrían pruebas para sostener que Moreira malversó dinero público, diseñó una red de blanqueo y expandió con su poder político los tentáculos del crimen organizado no sólo en México y Estados Unidos, sino también en Europa a través de España.

Ahora, con la información facilitada por el juez estadunidense a los fiscales ibéricos, el ex gobernador de Coahuila podría tener que volver a responder ante la justicia por cuatro supuestos delitos: lavado de dinero, asociación delictiva, malversación de fondos públicos y prevaricación. Para eso será crucial la comisión rogatoria ordenada ahora por el juez Pedraz para prestar declaración a los dos testigos protegidos.

Según publicó el diario catalán La Vanguardia, los nuevos testimonios “explican cómo Moreira, durante su etapa de gobernador, vació las arcas públicas para desviar 3 mil millones de pesos a sociedades suyas bajo el nombre de ‘testaferros’. El relato de los testigos de excepción muestran la corrupción en estado puro. Pago a los votantes para que apoyaran su nombramiento, desvío de fondos a empresas suyas, adjudicaciones fraudulentas, apoyo de los cárteles de la droga, connivencia con medios de comunicación y blanqueo de capitales”.

Durante la investigación se incluyeron en el sumario algunas de las conversaciones telefónicas que mantuvo Moreira durante su estancia en Barcelona en 2015 y que fueron grabadas por los servicios de inteligencia españoles. Entre los interlocutores de excepción con los que Moreira mantenía una estrecha relación había destacados políticos y funcionarios mexicanos, pero también empresarios de los medios de comunicación, tanto regionales, de su natural Coahuila, como nacionales.