El levantamiento del Censo del Bienestar que impulsa el próximo gobierno puede ser un instrumento partidista e inhibir la participación ciudadana, además de que se corre el riesgo de que presente una visión fragmentada de las necesidades de la población, sin una perspectiva de derechos sociales, consideró el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY).

Estimó que la política social de la próxima administración da señales prometedoras y decepcionantes al mismo tiempo. La futura titular de la Secretaría del Bienestar, María Luisa Albores, señala que se combatirá el uso clientelar y poco transparente de los programas sociales, pero el levantamiento y condiciones en que se lleva a cabo el censo genera desconfianza sobre su verdadero alcance, señaló Rodolfo de la Torre, director de Desarrollo Social con Equidad del CEEY.

Además, dijo, dicho censo está en manos de Gabriel García Hernández, ex secretario de Organización de Morena y futuro coordinador de los delegados federales únicos ante los gobiernos de los estados, y se desconoce la fuente de financiamiento del registro y su metodología, aunque se sabe que su levantamiento está en manos de amateurs y el equipo de la Secretaría del Bienestar desconoce el detalle de sus características.

De la Torre indicó que la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía cuentan con amplia información sobre la población que ve incumplidos sus derechos sociales, como los de alimentación, salud y educación, así como quiénes de ellos reciben apoyos actualmente y quiénes los necesitan.

Explicó que existe el Sistema de Información Social Integral de la Sedesol, con el cual se pueden monitorear las necesidades de las personas en gran parte del territorio y si los datos están incompletos o contienen errores o sesgos, se pueden auditar y complementar con un enfoque de derechos, pero hacer el censo es algo redundante.

María Luisa Albores ha planteado que la política social se sustentará en la afirmación de la universalidad de los derechos humanos y sociales, el reconocimiento de las distintas necesidades en el ciclo de vida de las personas, el impulso a la participación social y comunitaria, la perspectiva territorial de los programas sociales y la transparencia y honestidad en el gasto social. Todo ello daría solidez a la política social, indica.

El enfoque de derechos de la política social requiere construir mecanismos para que los ciudadanos puedan reclamar las obligaciones del Estado, más que elaborar listados para apuntar a todos los que van a ser beneficiados con los programas y su respectiva tarjeta para hacerles llegar recursos, como es el caso del Censo del Bienestar, advierte el CEEY.