Alan García, de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) en México, pidió al Senado la derogación en la Constitución de las figuras del arraigo y de la prisión preventiva oficiosa, pues ambas, aseveró, son incompatibles e irreconciliables con las normas internacionales y son violatorias de los derechos humanos.

El también oficial de derechos humanos de la Oacnudh, asistió ayer a una reunión con los legisladores integrantes de la comisión de Puntos Constitucionales, la cual dictamina diversas propuestas de los partidos Morena, Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática para ampliar en la Constitución, en el artículo 19, el catálogo de delitos que supongan la prisión preventiva oficiosa, como son robo de combustible, portación ilegal de armas, la corrupción y delitos electorales.

Incluso, las propuestas de sancionar con prisión preventiva oficiosa los delitos antes referidos forman parte de la agenda prioritaria del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.

García aseveró en la reunión de la comisión legislativa que en el caso de la prisión preventiva oficiosa su vigencia es contraria al carácter excepcional de la misma, trastoca la naturaleza del proceso penal y lesiona derechos a la libertad personal y al debido proceso, al tiempo que compromete otros derechos básicos relativos a la integridad personal.

Precisó en el encuentro: la prisión preventiva per se no es violatoria de derechos humanos, pero debe partir del reconocimiento de su carácter excepcional y aplicarse de conformidad con los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad.

García destacó que la prisión preventiva oficiosa, al ser una medida de aplicación automática por el tipo de delito por el que se procesa a la persona y sin atender a las circunstancias concretas, trastoca su naturaleza, transformándose de una medida cautelar de naturaleza procesal a una medida punitiva.

Insistió: la prisión preventiva oficiosa, al anticipar la barrera de la punición del derecho penal en función del delito, de facto la convierte en una pena anticipada tal como lo ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero, subrayó, la imposición mecánica de la prisión preventiva atendiendo al tipo de delito es violatoria del principio de presunción de inocencia y del derecho a la libertad personal.

En el caso del arraigo, García recordó a los legisladores que existe una minuta de la Cámara de Diputados, de abril pasado, que lo elimina de la Carta Magna. Éste, sostuvo, es abiertamente violatorio de derechos humanos.

También participaron en la reunión, por el colectivo de organizaciones civiles Justicia sin pretextos, Gabriela Ortiz y Javier Carrasco. Ambos insistieron que incrementar las penas en el artículo 19 constitucional, a ciertos delitos, no es la solución. Para enfrentar la violencia e impunidad, aseguraron, no se requieren el aumento de penas ni la prisión preventiva oficiosa.