El Plan Nacional de Paz y Seguridad anunciado por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, concitó posiciones extremas, desde severas críticas de legisladores de oposición, principalmente de PAN y PRI, hasta la felicitación de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), por tratarse de una medida con un enfoque integral y transversal.

El gobierno federal, por conducto del secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, de manera prudente se limitó a señalar que corresponde al Congreso de la Unión diseñar una nueva ley de seguridad interior y evitó fijar una posición respecto del plan presentado por el gobierno electo. Sin embargo, ofreció su colaboración para que asuman esta responsabilidad el primero de diciembre en las mejores condiciones posibles.

El comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, aseguró que el éxito de las próximas estrategias de combate a la inseguridad estará en el trabajo coordinado del gobierno federal con los mandatarios estatales y los alcaldes, al tiempo que sostuvo que este tema no sólo corresponde a las policías, sino también a las instituciones de procuración y administración de justicia y al ciudadano.

Senadores de PRI, PAN y MC calificaron la iniciativa de incongruente, pues el presidente electo incumple su promesa de campaña de regresar al Ejército a los cuarteles, pero ahora deja toda la responsabilidad a los militares. Es una contradicción total con sus ofrecimientos de campaña, subrayaron.

Morena, por conducto del senador Salomón Jara, vocero del grupo parlamentario, dijo que no se puede cumplir la promesa de campaña de Andrés Manuel López Obrador por la grave crisis de inseguridad que vive el país. Anunció que la bancada apoya el Plan Nacional de Paz y Seguridad del próximo presidente de la República y dijo que la iniciativa para crear la Guardia Nacional podría estar lista a finales de diciembre.

El senador Gustavo Madero, del PAN, alertó sobre el desdén a la Constitución que muestran el próximo presidente y su partido, y cuestionó que en su iniciativa, López Obrador ni siquiera tome en cuenta a los estados y menos a los municipios, en una visión centralista y autoritaria.

El senador Samuel García Sepúlveda, de MC, consideró un insulto a los gobernadores que terminen siendo invitados a los gabinetes de seguridad que organizará el gobierno federal en cada entidad, donde los superdelegados estarán jerárquicamente en las reuniones por encima de ellos.

En tanto, la Coparmex, que encabeza Gustavo de Hoyos, celebró que la nueva administración ya cuente con una estrategia para recuperar la paz social perdida en años recientes. En un posicionamiento, indicó que las propuestas son positivas, pues se busca reorganizar a las instituciones, específicamente con la conformación de la Secretaría de Seguridad, que ahora realizará las tareas en esa materia que desempeñaba la Secretaría de Gobernación. Recordó que ese fue un reclamo constante durante la actual administración, pero no tuvo frutos.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, dijo que el sector ve con buenos ojos el plan de seguridad del gobierno electo, pero debe dar resultados positivos desde el primer trimestre del próximo año.

En Guerrero, el gobernador Héctor Astudillo expresó que el caso de su entidad debe verse de forma especial por la situación que priva desde hace tiempo. Dijo que no es un tema sólo de patrullas y armas, sino de capacitación.