o habrá un fiscal general con sana distancia respecto al poder presidencial (la sana distancia fue un término que usó el entonces presidente Ernesto Zedillo para expresar su declinación a seguir ejerciendo funciones de impositivo jefe político del Partido Revolucionario Institucional; dicha sana distancia permitió el fin del predominio priísta en la Cámara de Diputados, la llegada del Partido de la Revolución Democrática y Cuauhtémoc Cárdenas a la jefatura del gobierno capitalino y la alternancia de siglas en Los Pinos, con Vicente Fox como experimento fallido).

Así como este miércoles el coordinador de Morena en San Lázaro dijo a Andrés Manuel López Obrador que sus diputados (valga precisar, aunque parezca reiterativo: el adjetivo adjudicaba la posesión al político tabasqueño) habían trabajado hasta la madrugada para entregarle los cambios legales suficientes en materia administrativa para avanzar en la Cuarta Transformación del país, ayer el Senado aprobó la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la Nación que, en los hechos, deposita en las manos del propio López Obrador la designación de quien cumplirá tareas similares a las de la actual Procuraduría General de la República, pero con aspiraciones (sólo teóricas) de autonomía real respecto a otros poderes o factores de poder real.

Con esa decisión senatorial se abaten los márgenes de eventual independencia del futuro fiscal general, quien, como ha sucedido en las administraciones presidenciales anteriores, tendrá un compromiso político y laboral con aquel que lo colocó en tan alto puesto. Ese enlazamiento de voluntades partidistas o grupales con la asignación de cargos presuntamente independientes está en la raíz de buena parte de los problemas de funcionamiento institucional de órganos autónomos (casos conocidos: los consejeros de diversos institutos, como el Nacional Electoral, o comisiones, como la Nacional de Derechos Humanos, e incluso tribunales y la misma Suprema Corte).

En el caso de la fiscalía general hay un recorrido político de oposición a lo que se ha denominado un fiscal carnal. Enrique Peña Nieto pretendió imponer a uno de sus cercanos, Raúl Cervantes Andrade, como sucesor en automático de sí mismo, pues ya era titular de la Procuraduría General de la República (como premio de consolación porque EPN había buscado originalmente hacerlo ministro de la Corte) y, conforme a un artículo legal transitorio, pasaría a ser el nuevo fiscal, por nueve años, sin mayor discusión.

La evidente pretensión peñista de conseguirse un guardaespaldas judicial transexenal movió a diversos grupos y personalidades a rechazar la idea de ese fiscal carnal. Vencida que fue esa tentación peñista, se impulsó la propuesta de establecer modificaciones legales que impidieran la aparición de posteriores tentaciones similares. Pero, ayer, el Senado aprobó en lo general una ley que concentra en Palacio Nacional el poder real de decisión.

En áreas importantes del morenismo se argumenta que la trascendencia del proyecto político encabezado por López Obrador no permite correr el riesgo de un Fiscal de Troya que frene las propuestas de la llamada Cuarta Transformación y que, eventualmente, pueda servir para enderezar acciones judiciales facciosas contra el obradorismo.

En la Suprema Corte de Justicia de la Nación se completó ayer el proceso ya prefigurado: con nueve votos en favor se declaró la inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior, que no cumplió el año de aprobada y que, a pesar de haber estado vigente desde diciembre del año pasado, no fue aplicada en ninguna ocasión debido a un compromiso de Peña Nieto de no utilizar tales recursos mientras la Corte no decidiera si sus términos eran constitucionales o no.

En tanto, el inminente gobierno obradorista anunció ayer que contará con un consejo de asesores empresariales de primer nivel, con varios de los apellidos más significativos del mundo mexicano de los negocios, aunque sin la presencia de Carlos Slim.

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