La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), por conducto del Programa de Recuperación y Repoblación de Especies en Riesgo (Procer), por el cual otorga apoyos a pescadores del golfo de California para proteger a la vaquita marina, destinó recursos a difuntos, a gente ajena a las localidades donde estaba previsto y dio recursos duplicados.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) estimó una recuperación probable de 7 millones 228 mil pesos tras realizar al Procer una auditoría de cumplimiento financiero de la cuenta pública 2017.

Detalló que se otorgaron 220 mil pesos a beneficiarios dados de baja por defunción; 96 mil, a una persona que no pertenecía a las localidades de San Felipe, en Baja California, ni al golfo de Santa Clara, Sonora, donde se concentran los pescadores.

También otorgaron 2 millones 436 mil pesos a beneficiarios que no cumplieron con los permisos de pesca vigentes, requisito de elegibilidad determinado en los lineamientos del programa. Asimismo, dio 744 mil pesos a otros que no entregaron los informes bimestrales ni comprobantes de domicilio para acreditar su residencia en las localidades mencionadas, además de que distribuyó apoyos duplicados por 3 millones 732 mil pesos a pescadores regularizados y permisionarios.

Señaló que en 2016, se afectaron programas presupuestarios a cargo de la Conanp y se fusionaron cuatro en el Procer, el cual tiene como objetivo contribuir y recuperar la funcionalidad de cuencas y paisajes por medio de la conservación, así como el aprovechamiento sustentable del patrimonio natural, de la conservación y la recuperación de las especies en riesgo.

Sólo hay 30 ejemlares

Explicó que el Procer incluye los componentes la conservación de Especies en Riesgo y la de Maíz Criollo, así como Compensación Social por la Suspensión Temporal de Pesca, para apoyar la protección de la vaquita marina, en riesgo de extinción, pero en 2017 sólo se destinaron recursos a este programa.

El propósito es promover la protección y conservación de la vaquita marina, de la cual quedan alrededor de 30 ejemplares, con la entrega de apoyos a los pescadores regularizados, permisionarios (personas físicas y sociedades cooperativas) y agentes involucrados en la cadena productiva de la pesca que se encontraron en vulnerabilidad por la disminución de sus ingresos.

El programa se estableció tras un acuerdo publicado en el Diario Oficial, en 2015, por el cual se suspendió la pesca comercial mediante el uso de redes de enmalle, cimbras o palangres operadas con embarcaciones menores en el norte del golfo de California, donde se encuentran San Felipe, Baja California, y golfo de Santa Clara, Sonora.

La ASF presentó siete observaciones, de las cuales tres fueron solventadas por la entidad fiscalizada y en las otras cuatro se hizo una recomendación, dos promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y cinco pliegos de observaciones.