La Fiscalía de España solicitó ayer la reapertura de la investigación y procesamiento en la Audiencia Nacional por el caso del ex presidente nacional del PRI, Humberto Moreira, a quien se le atribuyen delitos de lavado de dinero, corrupción y vínculos con el crimen organizado.

Los fiscales basan la petición en dos testimonios recabados en un juzgado de San Antonio, Texas, que podrían comprometer a quien también fuera gobernador de Coahuila, y que estuvo encarcelado cerca de dos meses en España en 2016, en la prisión de alta seguridad de Soto del Real.

José Grinda y Juan José Rosa fueron los fiscales anticorrupción que iniciaron la causa penal contra Moreira en España, se basaron en testimonios y pruebas –la mayoría recabadas en Estados Unidos– y decidieron ordenar su detención el 15 de enero de 2016, lo cual se hizo en el aeropuerto de Barajas por al menos cuatro delitos: cohecho, malversación de fondos públicos, blanqueo de capitales y asociación de malhechores.

Moreira fue aprehendido en las bandas donde esperaba su equipaje por agentes de la Policía Nacional y llevado de inmediato ante el juzgado de guardia de la Audiencia Nacional, que entonces estaba bajo la tutela del juez José de la Mata.

Posteriormente el caso lo asumió el juez Santiago Pedraz, quien ahora también deberá decidir si en función de los nuevos testimonios presentados por la fiscalía procede la reapertura del proceso. La petición es firme y se presentó hace sólo unos días, así que sólo tiene que superar los trámites habituales para que el juez decida si accede, confirmaron a La Jornada fuentes de la investigación.

Durante el proceso, Moreira fue encarcelado de forma cautelar hasta principios de febrero, cuando fue puesto en libertad condicional y decidió abandonar el país de forma precipitada en cuanto le devolvieron el pasaporte, a pesar de que hacía sólo unas semanas había decidido trasladarse a vivir a Barcelona, donde incluso compró una vivienda.

El juez español preguntó a Moreira sobre el origen del dinero que transfirió a lo largo de 2013 de México a Barcelona, donde había cambiado su residencia después del asesinato de su hijo, José Moreira, a manos del grupo delictivo de Los Zetas.

Durante el interrogatorio, la fiscalía señaló al político mexicano como presunto blanqueador de capitales y aliado, cuando no integrante de ese cártel. Al menos así lo afirmaron los fiscales que se basaron en las pruebas y testimonios recabados, entre ellos las declaraciones juradas del testigo protegido en Estados Unidos Rolando González Treviño, a quien señalan como prestanombres del propio Moreira.

El día de su comparecencia ante el juez Pedraz, Moreira y su defensa convencieron al magistrado de que el dinero que se investigaba, alrededor de 200 mil euros (4 millones de pesos) estaban justificados y no se pudo probar el presunto vínculo con el crimen organizado, por lo que su defensa entregó los informes realizados por la Procuraduría General de la República (PGR) que se incluyeron en el expediente contra Moreira en México.

En caso de que el juez decida reabrir el caso, el primer paso de la justicia española será enviar una comisión rogatoria a la fiscalía texana para poder tomar declaración a los dos testigos que afirman poseer documentación y pruebas que acreditan los delitos que se le imputan y que probarían su supuesta vinculación al crimen organizado.