A pesar de los esfuerzos por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), así como los intentos de última hora de la defensa del mexicano Roberto Ramos Moreno, el connacional fue ejecutado la noche ayer en la prisión de Walls, en Huntsville, Texas, por medio de una inyección letal.

Ramos fue condenado a la pena capital en 1993, tras haber sido sentenciado por asesinar a martillazos a su esposa y dos hijos menores de edad. Su defensa buscó suspender el proceso con el argumento de que se violaron sus derechos constitucionales, pero todo fue en vano.

Por conducto de la cancillería, el gobierno mexicano condenó la ejecución y consideró que el proceso se realizó en franca violación al fallo emitido por la Corte Internacional de Justicia en el caso del fallo Avena, del 31 de marzo de 2004.

Ramos es el sexto mexicano ejecutado de los más de 50 casos que incluyó el fallo conocido como el caso Avena.

México expresa su más enérgica protesta por el incumplimiento de Estados Unidos al fallo, conforme al cual ese país estaba obligado a revisar y reconsiderar el veredicto de culpabilidad y la sentencia impuesta al connacional, consignó la cancillería en un comunicado.

▲ Expertos de la ONU dijeron que se le negó ayuda esencial en momentos cruciales de la investigación.Foto La Jornada

Por otra parte, la Misión Permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) consideró que la pena capital constituye una violación irreparable a los derechos humanos.

Al votar en la Asamblea de la ONU una resolución sobre la moratoria en el uso de la pena de muerte, el gobierno mexicano exhibió la necesidad de asegurar que ese castigo no sea resultado de la aplicación arbitraria o discriminatoria de la ley, por lo que es fundamental evitar casos como el de Ramos, quien tuvo una defensa incompetente, situación que una adecuada notificación y asistencia consular podrían haber cambiado.

El gobierno de México está convencido de que el debido proceso y el acceso a la justicia son esenciales para la plena garantía de los derechos humanos, se anota en el documento de intervención.

Los especialistas en detenciones arbitrarias de la ONU, Agnes Callamard y Seong-Phil Hong, indicaron que el sentenciado no recibió un juicio justo. Consideraron que el mexicano presentó una discapacidad sicosocial antes del crimen: En esas circunstancias los estándares internacionales de derechos humanos prohíben el uso de la pena de muerte.