Río de Janeiro. El ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva salió por primera vez en siete meses de la sede de la Policía Federal en Curitiba (sur), donde cumple una sentencia de más de 12 años de cárcel, para ser interrogado en otra de las causas de corrupción en su contra.

Decenas de simpatizantes del Partido de los Trabajadores (PT) se concentraron a las puertas de la Superintendencia de la Policía Federal para mostrar apoyo al ex mandatario.

Lula declaró en un proceso en el que es acusado de aceptar reformas en un inmueble ubicado en Atibaia, Sao Paulo, propiedad de un empresario y frecuentada años atrás por el ex presidente y su familia.

La constructora Odebrecht está acusada de comprar de esta manera favores políticos del gobierno de Lula. La defensa alega que el ex mandatario no es propietario del inmueble de Atibaia.

El interrogatorio, que se extendió tres horas, estuvo a cargo de la juez Gabriela Hardt, quien remplazó a Sérgio Moro, el magistrado que procesó a Lula y lo condenó sin aportar pruebas, y futuro ministro de Justicia, designado por el presidente electo, Jair Bolsonaro.

La sesión se llevó a cabo a puerta cerrada, aunque trascendió que Lula expresó: El primer juicio del que fui víctima fue una farsa. El segundo es igual. Al parecer, el ex mandatario tuvo algunos enfrentamientos con la juez durante la audiencia. En algún momento la magistrada le advirtió: si va usted a comenzar en ese tono conmigo, vamos a tener problemas.

El ex mandatario agregó en la audiencia: “me considero un trofeo que la operación Lavado Rápido necesitaba entregar”.

En este nuevo proceso, como en el anterior, Lula se declara inocente y denuncia que todo es un complot en su contra.

Las críticas contra el juez Moro aumentaron después de que el juez aceptó formar parte del gabinete de Bolsonaro, político neofascista visto por muchos como una amenaza a la democracia por sus elogios a la dictadura militar (1964-1985) y sus insultos a mujeres, negros y homosexuales.

Lula tiene que responder aún en varios juicios más vinculados con la operación Lavado Rápido, que desde 2014 ha implicado a decenas de políticos y empresarios en una trama de corrupción en la estatal Petrobras.

En tanto, Cuba anunció que retirará a los más de 8 mil médicos que tiene en Brasil, como parte del programa de cooperación Más Médicos, luego de que Bolsonaro impuso que se les aplique un examen de capacidad para que los profesionales de la isla reciban directamente sus pagos (los cuales actualmente se destinan a Cuba).

El gobierno cubano destacó en un comunicado que las modificaciones anunciadas imponen condiciones inaceptables e incumplen las garantías acordadas desde el inicio del programa, y que no es aceptable que se cuestione la dignidad, la profesionalidad y el altruismo de los colaboradores cubanos.

El Programa Más Médicos está en marcha desde agosto de 2013 con el envío de galenos y desde entonces cerca de 20 mil médicos cubanos atendieron a 113.5 millones de brasileños. Actualmente médicos y paramédicos cubanos trabajan en 67 países.