Zacatecas, Zac., El presidente Enrique Peña Nieto y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) operan políticamente para proteger a las mineras nacionales y extranjeras en Zacatecas mediante la controversia constitucional 56/2017, que invalidó un impuesto ecológico creado en diciembre de 2016 para recaudar fondos en la entidad, denunció Roy Barragán Ocampo, ex diputado local.

En entrevista, explicó que desde abril de 2017 los ministros de la SCJN mantienen en la congeladora dicha controversia para que no prospere el cobro de dicho gravamen por contaminación de suelo, agua y aire. Detalló que Norma Lucía Piña Hernández aparece como ministra instructora en este caso.

Dijo que legisladores estatales y el gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello Cristerna, confían en que este impuesto ecológico tenga la solidez jurídica necesaria para que sea confirmado por los ministros de la SCJN.

Detalló que días después de haber sido creado este gravamen, en enero de 2017, 29 mineras nacionales y extranjeras con operaciones en territorio zacatecano interpusieron amparos ante la SCJN, con el argumento de que crear impuestos en materia extractiva es competencia exclusiva del gobierno y el Congreso federales.

Sin embargo, señaló que el Congreso zacatecano refutó lo expuesto por la Presidencia, pues “no se legisla en materia de minería ni se grava esta actividad. El objetivo del impuesto ecológico es que la hacienda pública del estado cuente con recursos suficientes para cumplir con la obligación constitucional de proteger el medio ambiente.

Las atribuciones genéricas para emitir la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas (que incluyen el impuesto ecológico) están previstas en la propia Constitución mexicana en los artículos 40, 73 y 124, así como en diversas disposiciones de la Constitución local, expuso.

Manifestó que los ministros siguen sin resolver la controversia y que, de acuerdo con la Ley de Hacienda estatal, el gravamen debió cobrarse en 2017 y 2018 a las compañías mineras.

Indicó que cabilderos profesionales al servicio de las empresas podrían estar operando para evitar que los ministros resuelvan este asunto. ¿Por qué? Porque no quieren que este asunto siente precedente legal, pues ello permitiría a todos los estados de la República cobrar a las mineras por la contaminación que producen. Aprobándose en Zacatecas, ya lo dijo la Corte, va para todos, indicó.

Barragán Ocampo puntualizó que las compañías mineras prefieren seguir dando a los gobiernos estatales donativos antes que permitir que se les cobre legalmente por contaminar.