Morena en el Congreso de la Ciudad de México propuso fijar el salario mensual neto de la próxima jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, en 922 unidades de medida y actualización (UMA), que a su valor vigente equivalen a 74 mil 313.2 pesos.

Dicho monto se incrementará en 2019 en función de la variación inflacionaria a diciembre próximo y su valor actualizado se publicará en el Diario Oficial el 10 de enero para entrar en vigor el primer día del mes siguiente.

Si bien el monto propuesto es apenas 50.9 pesos menor al sueldo mensual neto del actual jefe de Gobierno, será el tope salarial para diputados, magistrados y titulares de órganos autónomos y para todo servidor público, explicó la coordinadora del grupo parlamentario, Ernestina Godoy Ramos, al presentar la iniciativa al pleno.

La iniciativa de ley de transparencia en remuneraciones, prestaciones y ejercicio de recursos de la Ciudad de México establece, además, la eliminación de jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, así como bonos, prestaciones y cualquier otro beneficio económico que no esté determinado por la ley.

Godoy dijo que los elevados salarios de los altos funcionarios no se justifican, ni como argumento de que inhiben la corrupción. Si esto fuera cierto México debería ser el país menos corrupto del planeta, pero datos de Transparencia Internacional lo ubican en el lugar 135 de 180, donde Nueva Zelanda ocupa el primer lugar de naciones con menos corrupción y curiosamente está también abajo en las percepciones de sus altos funcionarios.

Junto con esta iniciativa, Morena propuso reformar el Código Penal, con la finalidad de incorporar un artículo 276 bis, con una sanción de seis meses a cinco años de prisión y de 50 a 5 mil días de salario de multa al servidor público que promueva, autorice, consienta o efectúe pagos a otros funcionarios que violenten las disposiciones previstas en la antedicha ley.

En la sesión de ayer se presentó, además, el acuerdo de las seis fuerzas políticas y la asociación parlamentaria en la Junta de Coordinación Política para aplicar en el Congreso más de una veintena de criterios en materia de austeridad y transparencia, como una reducción de 30 por ciento en su gasto para el próximo año respecto del monto autorizado para este 2018, que ascendió a 2 mil 366 millones 54 mil 290 pesos, reducir plazas no prioritarias de estructura y honorarios, cancelar seguros de gastos médicos privados, fondos de ahorro y seguros de separación individualizada, así como hacer pública toda su información financiera.