Tijuana, BC. El desafío de la sociedad mexicana frente a los migrantes centroamericanos –sobre todo hondureños– que recorren el país queriendo alcanzar la frontera norte, no es económico porque “la escala de esa movilidad es nada para el tamaño de nuestra población –todos los extranjeros que hay en el territorio representan menos de uno por ciento–; no se moverá nada en términos estructurales; el desafío mayor es cultural, de percepciones”, afirmó Tonatiuh Guillén López, próximo titular del Instituto Nacional de Migración (INM).

El número de miembros de la caravana ni es una escala inmanejable ni va a generar un escenario económico inmanejable; tampoco multiplicará dinámicas sociales fuera de lo que ya tenemos; hay que reconocer que México es ya un país violentísimo; entonces no conectemos cosas que ya suceden ni culpemos a factores externos de lo que viene ocurriendo. Hay gente que lo está haciendo; afortunadamente son pocos, apuntó el especialista en temas de frontera y migración.

Guillén López, conocido en esta región por su trabajo durante 10 años (2007-17) al frente de El Colegio de la Frontera Norte, explicó que las leyes están sincronizadas para proteger a los extranjeros que llegan, la propia legislación habla de un principio de congruencia, por lo que llamó a no estimular ni dejar pasar el racismo o la xenofobia.

Las actitudes racistas y xenófobas con la caravana son una vergüenza, calificó, para hacer un llamado a ser congruentes porque México tiene no 2 mil o 3 mil, sino 24 millones de personas en Estados Unidos y por un principio de “civilidad, congruencia y decencia debemos tratar a los migrantes como queremos que nos traten.

No quiero decir que [la situación] sea fácil; pero conocemos el proceso de inclusión de los haitianos, por ejemplo. La migración no es una problemática nueva para la región fronteriza, todos los días circulan centroamericanos por los puentes de la frontera norte de México.

Recordó que desde el gobierno del presidente demócrata Barack Obama las ciudades fronterizas reciben a cientos de deportados, que son apoyados por organizaciones civiles; “fueron años terribles de deportaciones –2010, 2011 y 2012–, en número muchísimo mayores que el flujo que tenemos hoy de sur a norte, no estamos hablando de mil o 2 mil, esos podían ser en una ­semana”.

La intención de la próxima administración es que el rol del Estado sea otro –en estos años han sido las organizaciones ciudadanas quienes hicieron frente al problema–; que tengamos un posicionamiento institucional distinto; mucho más protector y sobre todo cuidadoso de los derechos humanos.

El doctor en Ciencias Sociales por El Colegio de México expresó que habrá un esquema de protección más sistemático, de cuidado, de diálogo y acompañamiento. Hay varias cosas que deberán corregirse; la propuesta es una visión más humana, más apegada a la ley de migración, a la Constitución; que el actuar de los gobiernos estatales y municipales y del INM vaya coordinado en el sentido de la mayor protección para todos.