Buenos Aires. Dirigentes gremiales de Aerolíneas Argentinas denunciaron el intento del presidente Mauricio Macri de privatizar la compañía que tanto costó recuperar.

Mientras la semana pasada se realizaba un paro por el incumplimiento de lo acordado días antes, Macri deslizó un mensaje en el cual advertía que el Estado no podía sostener el funcionamiento de la aerolínea de bandera, a lo que añadió la acusación de que la ayuda del Estado a la compañía impedía llevar a cabo obras públicas para evitar las inundaciones de los últimos días, algo que es absolutamente falso.

Da impotencia saber que con una pequeña parte de lo malgastado en Aerolíneas Argentinas se podrían haber hecho hace tiempo las obras necesarias para prevenir esto (las inundaciones), dijo el presidente, quien en realidad desde su llegada al gobierno, en diciembre de 2015, firmó, de manera ilegal en muchos casos, una serie de acuerdos tanto con Avianca como con líneas aéreas de bajo costo, para golpear a la aerolínea de bandera.

Publican salarios y condiciones laborales mentirosas para agraviarnos y que la gente se ofusque, declaró el dirigente gremial Pablo Biró a una radio local, y añadió que no sabe si quieren quebrar o privatizar la empresa. Denunció asimismo los intentos del gobierno de dividir a los sindicatos.

Recordó –como señala Werner Pertot en Página/12– que ya se venía vaciando a la empresa, le recortaron presupuesto, le quitaron rutas y se subsidia a las aerolíneas de bajo costo. Y mencionó que existe falta absoluta de inversión. El presidente miente cuando dice que los estados no ponen plata para mantener sus aerolíneas. Los países usan la aviación como herramienta estratégica de desarrollo, señaló.

Sostuvo que en realidad Macri, quien siempre dijo que no iba a privatizar Aerolíneas, quiere reventar la empresa (...) nosotros somos testigos del saqueo pero los trabajadores no van a abandonar la lucha. Si termina privatizada va a terminar mal, advirtió.

Por otra parte, el gobierno autorizó la prórroga de jurisdicción en los juicios que tenga el Estado en su contra dentro de los proyectos de Participación Público-Privada (PPP). Esto conforma un fuerte condicionamiento para los próximos gobiernos, que quedan así en rehenes de estos contratos, muchos con cláusulas leoninas, denunció el portal de noticias Política Argentina.

Según el decreto 1039/2018, se aprueba en los contratos PPP la inclusión de cláusulas que establezcan la prórroga de jurisdicción a favor de tribunales arbitrales extranjeros con sede en un Estado que sea parte en la Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras (Nueva York, 1958), en los casos que el o los beneficiarios de éstos sean residentes en el exterior. Esto es gravísimo en cuanto a cesión de soberanía, advierten analistas.