La Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó siete nuevas denuncias penales por supuestas irregularidades ocurridas en la asignación directa de contratos otorgados por las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol), y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), en favor de diversas universidades y sistemas públicos de radio y televisión, equivalentes a mil 901 millones de pesos, los cuales podrían involucrar a Rosario Robles, quien ha sido titular de ambos organismos.

Las siete denuncias, subrayó el ente revisor del gasto público, forman parte de un total de 30 que se relacionan con contrataciones celebradas por diversas dependencias y entidades con universidades públicas, al amparo del artículo primero de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, por un monto de 5 mil millones de pesos.

Durante la presentación de la segunda entrega de informes individuales de la Cuenta Pública 2017, en la Cámara de Diputados, el titular de la ASF, David Colmenares Páramo, indicó que seis de las nuevas denuncias involucran a la Sedatu.

El organismo todavía dirigido por Rosario Robles firmó contratos con la Universidad Politécnica de Quintana Roo (97.27 millones de pesos), el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social (uno de 450 millones de pesos y otro de 356.56), la Universidad Politécnica de Chiapas (186.11 millones de pesos), Televisora de Hermosillo (271.89) y la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero (185.84 millones de pesos).

Cinco de esos contratos corresponden a las Cuenta Pública 2016 y uno más a la de 2015.

La séptima denuncia penal corresponde a la Cuenta Pública 2014 y se refiere a un convenio celebrado entre la Sedesol y Radio y Televisión de Hidalgo.

Estas irregularidades podrían involucrar a Rosario Robles, quien estuvo al frente de la Sedesol del primero de diciembre de 2012 al 27 de agosto de 2015, y dirige la Sedatu del 27 de agosto de 2015 a la fecha.

Páramo Colmenares indicó que las recuperaciones probables de recursos ejercidos el año pasado ascienden a 11 mil 710.2 millones de pesos, cifra que se obtuvo al finalizar el proceso de seguimiento de las acciones y observaciones.

Este segundo bloque de informes, sumado al del mes de junio, equivale al 61.6 por ciento del total de revisiones que actualmente contempla el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización de la Cuenta Pública 2017, el cual fue ampliado de mil 592 a mil 659 revisiones.

Los informes de auditorías presentados, añadió la ASF, dieron lugar a un total de mil 594 recomendaciones, 18 solicitudes de aclaración, 14 promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, 642 pliegos de observaciones y mil 220 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria.