Los embajadores que no forman parte del Servicio Exterior Mexicano (SEM) han sido llamados a poner a disposición su cargo a finales de octubre, mientras los nombramientos de personal para las representaciones mexicanas en el extranjero tienen prórroga hasta el 30 noviembre, de acuerdo con fuentes diplomáticas. El equipo del futuro canciller, Marcelo Ebrard, confirmó que revisa si se extenderán los nombramientos políticos, pues el nuevo gobierno tendrá que decidir si los ratifica.

La semana pasada llegó a embajadores y cónsules la agenda para la reunión que cada año sostienen en la Ciudad de México. Sin embargo, fuentes consultadas informaron que les pidieron poner su cargo a disposición el último día de este mes a quienes no pertenecen al servicio diplomático de carrera, pues se pretende que sólo permanezcan en el cargo los miembros del SEM.

De las 80 embajadas en el exterior, al menos 17 están a cargo de nombramientos políticos y una veintena de los 65 consulados tienen estas mismas características.

La rama diplomático-consular comprende los rangos de embajador; ministro; consejero; primer, segundo y tercer secretarios y agregado diplomático.

En paralelo, en septiembre miembros del personal temporal, es decir, aquellos designados por acuerdo del secretario, recibieron una notificación electrónica con la que el director general del servicio exterior y de recursos humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Pedro Manuel Lichtle Fragoso, les comunicó que su nombramiento se ha prorrogado hasta “el 30 de noviembre de 2018, de conformidad con lo establecido por los artículos 7 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano y 4 de su reglamento.

No se omite mencionar que derivado del cierre de la administración, la determinación de una prórroga posterior a su nombramiento temporal se revisará en conjunto con el equipo de transición y posteriormente se informará lo conducente, se lee en el texto.

Asimismo, se les comunicó que los derechos y prestaciones que le corresponden son los establecidos de conformidad con la norma vigente en la fecha en que se suscribió su nombramiento.

Roberto Velazco, del equipo de Ebrard, indicó que la revisión de una prórroga posterior a los nombramientos políticos es un proceso normal. El nuevo régimen tendría que decidir a quiénes ratificar, si es el caso, declaró.

Un ex funcionario de la cancillería explicó que es una práctica muy común que cada fin de sexenio quienes han sido nombrados embajadores políticos y funcionarios de embajadas por la vía del artículo 7 de la Ley de Servicio Exterior presenten su renuncia. Sin embargo, resaltó, existe un nuevo ingrediente: un cambio muy radical del sistema.

En el artículo se aprecia que personal temporal que requiera la secretaría será designado por acuerdo del secretario, previo dictamen favorable emitido por la comisión de personal, con base en los perfiles que al efecto defina esa comisión.

Asimismo, instruye que dicho personal desempeñará funciones especializadas en adscripciones determinadas, de conformidad con los referidos perfiles y las necesidades del servicio. Dicho personal desempeñará funciones por un plazo que no excederá de seis años, de conformidad con lo establecido en el reglamento, al término del cual sus funciones cesarán automáticamente y no podrán extenderse.

Los así nombrados no integran el personal de carrera del servicio exterior ni figuran en los escalafones. Los nombramientos del personal temporal no podrán exceder de 18 por ciento del total de las plazas autorizadas para el servicio exterior en la secretaría. El año pasado, la Secretaría de Hacienda había autorizado mil 487 plazas para el SEM.

Si bien, los contratos del personal en el exterior que no es diplomático de carrera implican renovarse cada año, la transición política a un nuevo sistema de gobierno ha provocado mucha incertidumbre y sobresalto entre estos trabajadores, según la fuente diplomática.

Un retorno de esta naturaleza –comentó la fuente– implica fuertes trámites y pérdida de año escolar y hasta colegiaturas para los hijos.

Las reglas indican que de solicitar el regreso de estos trabajadores, la cancillería está obligada a pagar los boletos de avión del empleado y su familia, así como el traslado del menaje.