El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, presentó ayer ante el pleno del Senado una iniciativa que crea una nueva ley en materia agraria, para frenar la privatización de bosques y selvas y permitir el desarrollo de los más de 4.9 millones de habitantes de los 32 mil ejidos y comunidades agrarias del país –en conjunto poseen 51 por ciento del territorio nacional–, que en su mayoría viven en la pobreza.

En tribuna, explicó que desde hace 26 años no se hace una reforma de fondo, trascendente, como ésta, que significa un marco legal actualizado, donde se consagra el respeto a los derechos de las comunidades indígenas a sus tierras, las cuales concentran la mayor riqueza en agua y recursos naturales.

Además, la propuesta incluye mecanismos para el aprovechamiento sustentable de tierras de uso común, entre ellos la inversión pública y privada, con miras a incorporarlos como agentes económicos en el desarrollo de su región y del país. Propone “como preferente la asociación de ejidos y comunidades con el Estado y con inversionistas privados.

El problema agrario en México se ha agudizado desde 1992, cuando se declaró concluido el reparto agrario. Ahora está operando una nueva concentración en ejidos y comunidades, no sólo de tierras de uso común, sino incluso de aguas, como sucede en el norte del país, resaltó Monreal.

Precisó que 80 por ciento de los bosques es propiedad social, ejidal o comunal, pero en la actualidad se está acudiendo criminalmente a parcelar el bosque y las selvas cuando está prohibido constitucional y legalmente.

La nueva ley para el desarrollo agrario, que abroga la Ley Agraria, modifica los mecanismos para la expropiación de tierras ejidales o comunales por causas de utilidad pública; establece que si cinco años después no se ha cumplido su objetivo, el Estado deberá devolver las tierras a sus poseedores originales.

Asimismo, establece el pago inmediato de la indemnización y prevé la restitución de tierras indígenas en caso de despojo.

La iniciativa, que cuenta con el consenso de Morena, logró ayer, luego de su presentación, el apoyo de las bancadas de PAN, PRI, PT, PES y Movimiento Ciudadano. En tribuna, el senador Monreal detalló que la nueva ley incorpora las actuales disposiciones internacionales sobre derechos indígenas recomendadas por la ONU, las iniciativas en la materia presentadas en años recientes, foros de consulta y la jurisprudencia de la Suprema Corte.

De entrada, reconoce al ejido y a la comunidad como la organización social y económica de la propiedad rural y crea el Fondo para el Desarrollo Agrario, que habrá de canalizar inversión para impulsar el aprovechamiento de 70 mil hectáreas de tierras de uso común y facilitar crédito a mujeres y jóvenes para la explotación de sus derechos parcelarios.

Se reconoce a los posesionarios, que son casi 700 mil, como sujetos de desarrollo agrario, se fortalecen la facultades de la asamblea de ejidatarios, sobre todo para la aprobación de contratos que impliquen aprovechamiento de tierras de uso común y para la regulación de asentamientos en tierras ejidales.

Hay un capítulo sobre justicia que regula la Procuraduría Agraria y el Registro Agrario Nacional y se plantea que el Tribunal Agrario pase al Poder Judicial.