Napoleón Gómez Urrutia, senador de Morena, acusó a empresas mineras canadienses de violar derechos humanos, laborales y ambientales, entre ellas, Blackfire, en Chiapas; Excellon Resources, en Durango, y Torex Gold Resorces, en Guerrero, por lo que demandó a integrantes del equipo del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador que próximamente realizarán una visita a Otawa, soliciten investigar esos atropellos.

Denunció que la compañía Blackfire está relacionada con el asesinato del defensor comunitario chiapaneco Mariano Abarca, perpetrado en 2009; en Durango, la empresa Excellon Resources, agregó, reprimió al ejido La Sierrita y evitó el intento de sus trabajadores de sindicalizarse en 2012.

En el caso de Torex Gold Resources, en Guerrero, el legislador explicó que a esta empresa se le vincula con los asesinatos de tres trabajadores durante este año por exigir un sindicato democrático. Se trata de los casos, dijo, de los hermanos Víctor y Marcelino Sahuanitla Peña, así como Quintín Salgado.

Ninguno de esos crímenes fue investigado o sancionado por las autoridades mexicanas ni las canadienses, subrayó.

El también dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana aseguró que es falso lo que señalan empresas mineras de Canadá de que el gobierno de México no permitirá que el ombudsman de su país investigue las actividades de compañías en territorio nacional.

Por ello, demandó que se desmienta lo anterior en la próxima visita que realizarán Marcelo Ebrard, futuro titular de Relaciones Exteriores; Olga Sánchez Cordero, quien encabezará la Secretaría de Gobernación, así como Graciela Márquez Colin, la de Economía; Carlos Urzúa, la de Hacienda, y Alejandro Encinas, quien será el próximo subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de Gobernación, entre otros.

Asimismo, pidió a los integrantes del equipo de López Obrador que ofrezcan la cooperación del nuevo gobierno con los esfuerzos que realiza Canadá para obligar a sus empresas a respetar los derechos humanos, laborales y ambientales en todos los países donde operen.

También, que establezcan con claridad que la futura administración democrática de México no dejará en la impunidad los asesinatos y otras violaciones de derechos humanos de las mineras, ni extranjeras ni mexicanas.