La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur, por sus siglas en inglés) expresó preocupación ante un probable desbordamiento de la capacidad de la región para ayudar a los migrantes y solicitantes de asilo, en un contexto en el que miles de ciudadanos de Honduras se dirigen en caravana a Estados Unidos.

En paralelo, organizaciones de la sociedad civil hicieron un llamado a los gobiernos de México y Guatemala a prevenir la violación de los derechos humanos de las personas que integran la expedición.

México no puede seguir jugando al bueno siendo el malo, consideró la presidenta de la organización Migrante Mesoamericano, Movimiento Migrante Mesoamericano (MMM), Martha Sánchez Soler.

Expresó que de llegar este grupo a la frontera sur de México, las autoridades nacionales estarían obligadas a revisar casos particulares de las personas que decidieran solicitar la condición de refugio.

En este sentido se pronunció la organización Sin Fronteras que exhortó al gobierno mexicano a no tomar decisiones colectivas sin antes analizar la situación de cada una de las personas migrantes para detectar aquellas que requieran protección internacional.

Ana Saiz Valenzuela, directora general de Sin Fronteras, indicó que las autoridades nacionales debieron destacar los derechos que los catrachos en situación de movilidad tienen en caso de decidir solicitar asilo en México. Explicó que el Estado mexicano ha contraído obligaciones que debe cumplir en materia de protección internacional mediante la suscripción de distintas convenciones y compromisos adquiridos, como son: la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana, la Convención sobre el Estatuto de Refugiados de 1951 y la Declaración de Cartagena de 1984.

A su vez, hizo un llamado a la colaboración por parte de autoridades competentes –como son la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, las Estatales de los Derechos Humanos, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia DIF, el Sector salud y la Procuraduría Federal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes– para atender las necesidades de la población en movilidad, así como vigilar que se garanticen sus derechos humanos.