El Estado mexicano está obligado a cumplir sus compromisos internacionales y consultar de manera previa, libre e informada a los pueblos indígenas cuando existan megaproyectos de desarrollo que puedan afectar a sus comunidades, como el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) o el Tren Maya.

La relatora especial de las Naciones Unidas sobre Derechos de Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, afirmó lo anterior al presentar en la Universidad del Claustro de Sor Juana el informe de la visita oficial que hizo a nuestro país del 8 al 17 de noviembre de 2017.

Agregó que en México estas comunidades enfrentan violaciones a sus garantías, lo que genera violencia, desplazamiento forzado, impunidad, criminalización a quienes defienden sus tierras, falta de acceso a la educación, salud, vivienda e incluso asesinatos.

La experta internacional recordó que aun cuando en México no exista una ley nacional sobre consulta a las comunidades indígenas, esto no exime a las autoridades de aplicar este proceso conforme sus obligaciones internacionales.

Durante su visita documentó que los pueblos indígenas tienen el deseo de definir y perseguir su propio desarrollo económico, social y cultural como elemento básico para su libre determinación. Esas aspiraciones se han visto limitadas por los modelos actuales de desarrollo impuestos en sus territorios, en particular el auge de proyectos extractivos, energéticos y de inversión, producto de reformas legislativas y de políticas que no fueron consultadas con ellos.

Al final de su presentación y cuando se le preguntó sobre los dos proyectos recientes que han causado controversia, la relatora señaló que recomendaría realizar consultas con las comunidades afectadas por ellos.

Una de las principales conclusiones de mi informe es que se debe crear una nueva relación entre los pueblos indígenas y el Estado basada en la igualdad, el respeto y la no discriminación.

En su visita conoció de primera mano la grave situación de violencia que enfrentan los pueblos indígenas por disputas sobre sus tierras, la expansión de proyectos de desarrollo y la presencia del crimen organizado. La impunidad, la falta de acceso a la justicia y la criminalización son factores que se suman a esta situación.

Indicó que los gobiernos deben sustituir los programas y las políticas con enfoque asistencialista por aquellos con enfoque de derechos humanos, incluir las prioridades y propuestas de los pueblos en la elaboración y ejecución de leyes, políticas y programas sobre desarrollo agrario, energético, agroindustrial, turístico y otros; el sector empresarial debe tomar mayores medidas para ejercer la debida diligencia y evaluar previamente los impactos reales y potenciales de sus actividades sobre los derechos de estas comunidades; las instituciones gubernamentales encargadas de fiscalizar las actuaciones de las empresas, de investigar y sancionar los daños ambientales y de salud causados por las actividades empresariales deben fortalecerse para garantizar la protección de las tierras, territorios y recursos naturales de los pueblos indígenas.

Se refirió a casos emblemáticos: la masacre de 46 personas en Acteal, Chiapas, en 1997, y la desaparición de los 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa, en 2014, los cuales deben ser esclarecidos y cuyas indagatorias deben agilizarse y reorientarse.

En el acto también estuvieron el representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, y el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez.