La reforma a las leyes de obras públicas y adquisiciones de Tabasco realizada por la nueva legislatura local viola los principios constitucionales de libre competencia en las contrataciones públicas y eleva la discrecionalidad por permitir asignaciones directas, en sectores como el energético, en lugar de realizarse mediante licitaciones públicas, fustigó la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).

Así que demandó al gobernador de Tabasco, Arturo Núñez Jiménez, que devuelva al Congreso del estado el decreto que debe publicar para que entre en vigor dicha reforma a fin de que los legisladores lo revisen y garanticen que se apegue a los artículos 134 y 28 de la Constitución mexicana, en cuanto a los principios de libre concurrencia y competencia que deben regir la actuación de todos los órdenes de gobierno y el establecimiento de leyes que aseguren la eficacia de la prestación de servicios y utilización de bienes, además de evitar concentraciones adversas al interés público.

Construcción de refinerías

El organismo antimonopolios criticó que los diputados de Tabasco, que iniciaron funciones apenas el mes pasado y que mayoritariamente son de Morena, justifiquen la reforma que hicieron a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios de Tabasco en la necesidad de permitir el rápido desarrollo de refinerías, así como las obras accesorias para su funcionamiento, sin especificar cómo al eliminar los concursos públicos efectivamente se logra el desarrollo más rápido de proyectos energéticos. Es una justificación temporal y poco sustentada, sostuvo la Cofece.

El próximo gobierno pretende construir una refinería en Tabasco –en Dos Bocas, Paraíso– y otra en Campeche, en Ciudad del Carmen. El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, ratificó el fin de semana que contra viento y marea cumplirá dicho compromiso para reactivar la producción petrolera y rescatar al sector energético.

La experiencia demuestra que la asignación directa de proyectos reduce las ventajas en cuanto a precio y calidad que genera la presión competitiva en un concurso público o licitación. Es precisamente en proyectos de magnitud relevante cuando con mayor razón es deseable atraer al mayor número de posibles proveedores o contratistas para elegir entre éstos la opción que asegure las mejores condiciones de contratación, así como para evitar el pago de sobreprecios que dañan directamente al erario, puntualizó el organismo antimonopolios.

Remarcó que la legislación de obras y adquisiciones aún vigente en Tabasco sí cumple con los principios constitucionales de libre competencia. En cambio, la reforma aprobada por el Congreso estatal el 26 de septiembre pasado, amplía sin fundamentación objetiva el margen de discrecionalidad de la autoridad en la asignación de contratos, al extender los supuestos de excepción a la licitación pública y la adjudicación directa de contratos, con los consecuentes riesgos en el debido ejercicio del presupuesto público.

Los cambios aprobados por los diputados tabasqueños, detalló, permiten que se amplían los supuestos de excepción a la licitación pública abierta al incluir proyectos estratégicos que detonen el empleo y mejoren la infraestructura impulsando el desarrollo económico y/o social del Estado, pero ello conlleva otorgar a la autoridad altos márgenes de discrecionalidad para decir cuándo un proyecto debe o no exceptuarse.

Los legisladores locales también eliminaron los montos permitidos para la contratación por invitación o por adjudicación directa y se facilitaron las contrataciones por métodos no competidos de contratos de obra, bienes y servicios, sin importar la magnitud del recurso público requerido para la realización del proyecto.

Con esas condiciones, la comisión consideró que se favorece la contratación de empresas poco eficientes, comprometiendo la permanencia de competidores capaces de ofrecer mejores alternativas de calidad y precio a las instituciones, distorsionando con ello el mercado con daños que van más allá de un solo proceso de contratación pública.