Es urgente investigar la desaparición de 342 armas que se encontraban bajo el resguardo del ex alcalde Acapulco, Jesús Evodio Velázquez, a fin de que no sean utilizadas por los grupos criminales que operan en Guerrero, demandó la senadora de Morena, Nestora Salgado, quien presentó un punto de acuerdo a fin de que el Senado intervenga.

Insistió en que es necesario encontrar esas armas, cuya desaparición se detectó el pasado 29 de septiembre, luego de que la Policía Federal y la Marina asumieron el control de la seguridad pública en Acapulco, ante la sospecha de infiltración del crimen organizado en el municipio.

Expuso que uno de los estados más afectados por la delincuencia organizada es Guerrero, donde se han encontrado 192 fosas clandestinas, el mayor número en todo el país, según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

De acuerdo con cifras oficiales, es la entidad con más homicidios ocurridos en 2017, sólo por debajo del estado de México, aunque éste tiene cinco veces más habitantes. Encabeza también la estadística en el caso de personas desaparecidas y no localizadas, relacionadas con averiguaciones previas del fuero federal, entre 2014 y 2018.

Las armas estaban bajo resguardo de ex alcalde

En ese entorno de violencia extrema, el Grupo de Coordinación Guerrero (GCG) puso en marcha un operativo de intervención en la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Acapulco, ante la sospecha de infiltración de grupos delictivos, destaca la senadora Salgado en un punto de acuerdo que presentó en la sesión del pasado jueves en el Senado.

Explica que el Ejército, la Policía Federal y la Marina asumieron el control de la seguridad pública en Acapulco, desarmando a la policía local a fin de deslindar responsabilidades, y el 29 de septiembre pasado, el GCG reveló que faltaban 342 armas que estaban al resguardo directo del expresidente municipal Jesús Evodio Velásquez Aguirre, quien tenía bajo su mando al personal de seguridad pública y tránsito municipal.

Ante ello, Nestora Salgado consideró que el Senado debe exhortar a las autoridades competentes a que se deslinden responsabilidades y se esclarezca el paradero de esas armas a fin de que no sean utilizadas en la comisión de más delitos.

Esas 342 armas que no se encuentran pueden estar en manos de grupos delincuenciales no identificados, lo que pone en grave riesgo a la población de Guerrero y a la del país en general, concluye.