Del fondo utilizado por los gobiernos –federal y estatales– para mejorar la seguridad en el país, apenas 0.32 por ciento se destina a la especialización para la búsqueda de personas desaparecidas.

Una revisión del gasto del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), coordinado por la Secretaría de Gobernación (SG), muestra que aunque en México hay miles de personas desaparecidas (37 mil 485, según la información emitida este mes por esa dependencia), en 13 entidades el gasto para realizar un trabajo especializado es de cero pesos. El reporte del FASP de enero a agosto de 2018 señala erogación mínima la mayoría de los estados.

La suma de los recursos destinados en todas las entidades a la búsqueda de personas fue de 29.7 millones de enero a agosto de este año. De ese monto, 16.8 millones son aportaciones del gobierno federal, y 12.8 millones provienen de los estados.

Lo anterior equivale a 0.32 por ciento de la bolsa general del FASP, de 9 mil 40 millones de pesos, para aplicar durante este año.

El FASP está previsto en la Ley de Coordinación Fiscal para transferir recursos a los gobiernos locales; su objetivo es contribuir al cumplimiento de las estrategias nacionales en materia de seguridad pública.

Sin embargo, dentro de los cinco ejes prioritarios (prevención del delito, operación policial, aplicación de la ley penal, información policial y especialización para el combate al crimen), la capacitación para la búsqueda de desaparecidos es la tarea que recibe menos recursos.

Mientras el dinero para armas, equipos (en especial de videovigilancia y radiocomunicación) y certificación de policías se cuenta por millones, la especialización referida sólo recibe miles de pesos en prácticamente la mitad de las entidades. En el resto la partida es de cero pesos.

La más alta aportación en ese renglón es de Jalisco, Tamaulipas, San Luis Potosí y Sinaloa, con cifras de entre 4.9 y 2.4 millones de pesos prácticamente para todo un año, en entidades donde las personas desaparecidas se cuentan por miles.

El problema más grave es el tamaño y la calidad de las instituciones encargadas de buscar a las personas, lamentó Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC). Por ello se entienden la inconformidad y la desconfianza de colectivos de familiares, porque se han enfrentado a instancias públicas sin recursos ni personal especializado suficiente.

Alucinante realidad

Tan sólo del FASP se destina apenas 30 por ciento a la procuración de justicia... Ellos (los familiares) no están alucinando. Esa es la realidad: hay deficiencias importantes en las instituciones, señaló en entrevista el director del ONC.

La organización, si bien reconoce que la Ley General en Materia de Desaparición es un avance, la clave de que esto sea exitoso radica en la aplicación y en la voluntad política de las autoridades.

Rivas indicó que los servidores públicos deben ser conscientes de que la ley por sí sola no resolverá el problema.